El Gobierno de Pedro Sánchez ha accedido a una de las principales pretensiones del gobierno separatista, la adquisición de armas largas o "de guerra", que permanecía bloqueada por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el ‘anuncio del Departamento de Interior (de la Generalitat) por el que se hace pública la formalización de un contrato de suministro de diverso armamento y cartuchería’ para la policía autonómica.
Se trata, en concreto, de siete lotes, algunos relativos a fusiles de asalto y precisión de alta especialización, además de la munición reglamentaria utilizada habitualmente por las patrullas y armas de entrenamiento. Los contratos fueron adjudicados el 25 de junio, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.
Munición de guerra
En 2017, año del referéndum ilegal, el Ejecutivo catalán de Carles Puigdemont solicitó al Gobierno central autorización para la compra de un arsenal propio de un Ejército. El contrato despertó recelos en la Intervención Central de Armas y Explosivos (ICAE) de la Guardia Civil, por considerar que se excedía de las funciones atribuidas al cuerpo de Mossos y que era perfectamente equiparable a munición de guerra.
Además de pistolas de calibre 9x19mm, las de uso habitual para los agentes, el contrato incluye la adquisición de seis fusiles de asalto compactos calibre 7.62×51 milímetros NATO, por importe de 65.166,70 euros.
Se trata de un arma en manos de Ejércitos nacionales y muy utilizada en grandes conflictos bélicos, como la Primera Guerra Mundial. De referencia en la OTAN, aunque en la actualidad está en desuso, sigue siendo por ejemplo muy valorada por el departamento de Defensa de EEUU por su capacidad para el combate en zonas complejas y su largo alcance.
Según figura en el anuncio de licitación, también se han adquirido -por importe de 35.700 euros- ocho fusiles de asalto de calibre 5.56x45mm, estándar de las fuerzas armadas de los países de la Alianza, con una cadencia de tiro de hasta 750 disparos por minuto y, según fuentes de la policía autonómica consultadas, útil para la lucha contra el terrorismo o la delincuencia altamente peligrosa.
La munición de alta especialización se completa con la compra de fusiles de precisión de calibre 308 WIN por 47.303,74 euros. Un calibre versátil, explican las mismas fuentes, y de múltiples usos, desde caza a práctica de tiro o francotiradores militares y policiales y muy valorado por su extraordinaria precisión y fiabilidad.
La dotación completa del contrato es la siguiente: ocho fusiles de asalto de altas prestaciones de calibre 5.56x45mm, diez fusiles de asalto del mismo calibre, seis fusiles compactos calibre 7.62x51mm NATO, dos fusiles de precisión calibre .308 WIN, 22 armas de defensa personal (PDW) de calibre 4.6×30 mm, 56 pistolas de calibre 9x19mm y 50.000 cartuchos de 4.6×30 mm para entrenamiento en galerías de tiro.
Medio millón de euros
La policía catalana anunció la licitación en 2017 -el plazo de presentación de ofertas se cerraba el 16 de octubre de ese año- y por un importe total, de los siete lotes, que ascendía a 496.986,98 euros.
La contratación fue bloqueada sin embargo por el Gobierno de Mariano Rajoy, que limitó la compra -las adquisiciones de este tipo requieren de la autorización del Estado- a las municiones de calibre nueve milímetros. Tras varias peticiones posteriores, el Gobierno central fue autorizando distintas compras, aunque se mantuvo el veto, por ejemplo, sobre los calibres 7.62 x 51 mm, considerados claramente como “de guerra”.
Desde la llegada de Sánchez al Gobierno, los independentistas presionaban por completar este arsenal. En julio -en su primera comparecencia en el Congreso- el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se comprometió a estudiar la petición, con otras reclamaciones como el aumento de efectivos y la incorporación de los agentes catalanes a las bases de datos policiales europeas.
Ejército de la República catalana
Entre las razones del Ministerio del Interior de Juan Ignacio Zoido para denegar la compra de armas de este tipo estaba la pretensión del Gobierno independentista de dar pasos hacia un Ejército de la República catalana.
De acuerdo al material incautado por la Guardia Civil, el Govern disponía, antes del referéndum ilegal, de informes en los que se exponía la posibilidad de que una hipotética Cataluña independiente contara con un Ejército integrado por entre 18.000 y 22.000 efectivos, sin servicio militar obligatorio e integrado en la OTAN.
Los correos electrónicos intervenidos al ex secretario de Hacienda Lluís Salvadó revelaron, por ejemplo, un documento titulado ‘La seguridad en la República catalana: primeros planteamientos’, en el que los promotores de la independencia planteaban que la “República” debería plantearse la existencia “recomendable” de un cuerpo militar propio y entrenado.
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