El Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras tenía un plan para garantizar que una hipotética república de Cataluña tenga solvencia financiera y no quiebre nunca: “Emitir dinero de forma infinita y en régimen de monopolio”.
La idea está reflejada con estas palabras en un informe que la Guardia Civil intervino el 20 de septiembre de 2017 en el despacho del número 2 de Junqueras, Josep Lluís Salvadó, en la sede del Departamento de Economía y Hacienda de la Generalitat.
La Guardia Civil halló durante el registro varios informes sobre los planes económicos que el PDeCAT y ERC tenían previsto desarrollar si tenía éxito su golpe de Estado. En uno de ellos, titulado “El sector financiero en la república catalana”, se cifra en 5.000 millones de euros mensuales los costes que tendría que asumir el nuevo Estado.
El documento prevé la creación de un Banco Central Catalán, que nacería con un capital inicial de 350 millones de euros. Los estrategas del golpe daban por hecho que esta hipotética Cataluña independiente ingresaría automáticamente en la Unión Europea (EU) y en la zona euro, algo que han desmentido rotundamente todos los responsables de la Comisión Europea.
Una máquina de crear hiperinflación
El informe incautado a Salvadó señala que no sería ningún problema que el Banco Central Catalán quede descapitalizado por sucesivas pérdidas, puesto que tendría “capacidad de emitir dinero de forma infinita y en régimen de monopolio“. Aunque a continuación reconoce que “este hecho podría entrar en contradicción con los principios monetarios de control de la inflación y de independencia del banco central respecto al poder gubernamental”, según el análisis que la Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
La idea planteada por el equipo económico de Oriol Junqueras no sólo es incompatible con la pertenencia a la Unión Europea: es un auténtico disparate que llevaría a Cataluña a la quiebra en pocos meses. Imprimir dinero de forma ilimitada (como también defiende el economista Eduardo Garzón, hermano del líder de Izquierda Unida) ha provocado en Venezuela una hiperinflación del 1.370.000% en un año. Algo que empobrece irremediablemente a sus ciudadanos, ya que el valor de sus ahorros y salarios queda reducido a la nada. La historia reciente de Argentina ofrece la misma lección.
En el mismo documento, los golpistas planeaban poner en marcha un Fondo de Garantía de Depósitos bancarios dotado inicialmente con 270,3 millones de euros. Una cantidad que se ampliaría progresivamente hasta los 1.642 millones en el año 2024.
Aun así, una cifra completamente insuficiente, si se tiene en cuenta que tan sólo en 2017 las entidades financieras de Cataluña perdieron 30.000 millones de euros en depósitos. Esta es la causa por la que todos los bancos de la región (salvo la Caja de Ingenieros, que financia la Caja de Solidaridad de los golpistas y la hipoteca de Pablo Iglesias en Galapagar) decidieron trasladar sus sedes fuera de la región tras el referéndum ilegal del 1-O.
Si dependieran exclusivamente de un Fondo de Garantía de Depósitos creado por la Generalitat con un capital de 270 millones, como tenía previsto el equipo de Junqueras, estas cajas y bancos habrían quebrado: sus clientes habrían perdido irremediablemente todos sus ahorros.
Durante el registro en la sede del Departamento de Economía y Hacienda, la Guardia Civil halló también numerosos informes sobre las “estructuras de Estado” que los golpistas tenían previsto poner en marcha si prosperaba la independencia.
Los mismos informes indican que los independentistas llevarían a cabo “movilizaciones masivas” desde la misma noche del 1-O, con el fin de provocar una situación de inestabilidad política y económica que hiciera inevitable la independencia. Es el mismo plan que todavía mantiene el Govern de Quim Torra, ahora aliado del presidente Pedro Sánchez.
La ANC, Òmnium, ERC y PDeCAT sabían que en la sede del Departamento de Economía y Hacienda se encontraba el corazón de la organización del referéndum ilegal del 1-O: por ello movilizaron a sus bases y lograron reunir a cerca de 40.000 personas, con el fin de coaccionar a la comisión judicial que estaba realizando los registros.
Los agentes de la Guardia Civil permanecieron más de 12 horas sin poder salir del edificio, mientras que la secretaria judicial tuvo que abandonarlo por la azotea. Este es uno de los principales motivos por los que hoy cumplen prisión preventiva los ex presidentes de la ANC y Òmnium, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, imputados por sedición.
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