El Gobierno ha confirmado hoy que este viernes el Consejo de Ministros aprobará la exhumación de los restos de Francisco Franco mediante un decreto-ley que modificará la Ley de Memoria Histórica.
Usar un decreto-ley para autorizar una exhumación es un fraude de ley
El anuncio lo ha hecho el ministro de Cultura y Deporte, José Guirao. Me pregunto si el Gobierno ha consultado a algún jurista antes de hacer semejante anuncio, porque lo que se plantea es abiertamente un fraude de ley. Para empezar, el Artículo 86 de la Constitución establece que el decreto-ley sirve para un “caso de extraordinaria y urgente necesidad”, y no parece que se corresponda con esa premisa un enterramiento existente desde hace 42 años. Se da la circunstancia de que en 2014 el PSOE recurrió un decreto-ley del Gobierno de Rajoy con medidas contra la crisis económica y lo hizo denunciando “una abusiva utilización del mismo en la legislatura actual”. Entre otras cosas, el recurso del PSOE advertía “el deseo de inmediatez de las modificaciones normativas no constituye por sí solo una justificación de la urgencia”. Y eso que se trataba de hacer frente a una crisis económica, no de exhumar un cadáver que lleva sepultado 42 años. Recurrir a un mecanismo abiertamente excepcional para satisfacer las prisas de un Gobierno a la hora de exhumar un cadáver es un fraude de ley en toda regla.
Un decreto-ley no puede modificar ni vulnerar un tratado internacional
Por otra parte, el Artículo 86 de la Constitución especifica que los decretos-leyes “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado”. Hay que recordar que en enero de 1979, unas semanas después de ser aprobada la Constitución Española, España y la Santa Sede firmaron unos acuerdos. Y como señaló el Tribunal Constitucional en su sentencia 66/1982, “este Acuerdo del Estado español y la Santa Sede tiene rango de tratado internacional“. Y esto es lo que dice el Artículo 96 de la Constitución Española sobre los tratados internacionales: “Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Y esto es lo que especificaba el Artículo I del Acuerdo sobre asuntos jurídicos: “Los lugares de culto tienen garantizada su inviolabilidad con arreglo a las Leyes”.
Hay que recordar que la tumba de Francisco Franco está situada ante el altar de una basílica católica. Esa basílica es inviolable tal como dictan los Acuerdos entre España y la Santa Sede. Esta inviolabilidad no es exclusiva, por cierto, de la Iglesia Católica: los respectivos acuerdos con otras confesiones otorgan el mismo status a los lugares de culto de protestantes, judíos y musulmanes. Para exhumar los restos de Franco, el Gobierno tendría primero que violar ese lugar de culto, algo abiertamente ilegal. Como sabe cualquier estudiante de primero de Derecho, en España existe una jerarquía normativa: una norma de rango inferior como es un decreto-ley no puede modificar ni vulnerar una norma de rango superior como es un tratado internacional. Ni siquiera una ley orgánica aprobada por las Cortes podría modificarla ni vulnerarla, como señala el Artículo 96.1 de la Constitución: “Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”. Para que lo entienda hasta Pedro Sánchez, lo resumiré en pocas palabras: un tratado internacional no puede modificarse ni ser vulnerado mediante un decreto-ley, eso sería inconstitucional. Y el que lo hiciese estaría cometiendo un delito de prevaricación.
Un decreto-ley no puede legalizar un delito de profanación de un sepulcro
Además de lo señalado, hay que añadir que el Artículo 526 del Código Penal castiga los delitos de profanación, no sólo de los cadáveres, sino también de las sepulturas: “El que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a 10 meses“. Hay que decir que el Código Penal es una ley orgánica, pues regula derechos fundamentales, y precisamente el Artículo 86 de la Constitución prohíbe el uso de un decreto-ley para regular esos derechos. De hecho, para modificar el citado Artículo 526 del Código Penal hizo falta en 2003 otra ley orgánica, la 15/2003. Es una colosal burla a la legalidad que ahora el Gobierno pretenda blanquear un delito de profanación recurriendo a un decreto-ley. De hecho, los descendientes de Franco ya advirtieron que denunciarán a Sánchez si profana la tumba de su antepasado, ya que no han otorgado autorización al Gobierno para llevar a cabo esa exhumación.
La Iglesia, el PP y Cs miran hacia otro lado: Vox se opone a la profanación
Hecho el análisis legal, añado un comentario más. Algunos parece que entienden que posicionarse en defensa de la legalidad en casos como éste implica una adhesión al franquismo. Nada más lejos. Yo no soy franquista. Nací después de la muerte de Franco y no siento ninguna nostalgia por un régimen que no viví. Lo que pasa es que llevo décadas oyendo hablar a los políticos sobre el Estado de Derecho y la igualdad ante la ley, y ahora resulta que mentían, que les parece bien saltarse la legalidad para desenterrar a un hombre que lleva 42 años muerto. Una vez más estamos ante la vieja y perversa idea de que el fin justifica los medios. Lo más triste es que en España apenas hay oposición a que el Gobierno se salte la legalidad con un propósito tan rastrero como es profanar una tumba y una basílica. La Conferencia Episcopal y el Arzobispo de Madrid se han lavado las manos (me pregunto qué habrían dicho sus antecesores si Franco y otros se hubiesen lavado las manos cuando la izquierda incendiaba iglesias y perseguía a obispos, sacerdotes y religiosos católicos en España), el PP ha dicho que no se opondrá y Ciudadanos incluso está dispuesto a colaborar con el PSOE. Es decir, que la violación de la ley por parte de un Gobierno no le importa ni a la oposición, ni a la Iglesia ni a casi nadie. Y digo “casi” porque Vox sí que se ha pronunciado “en contra de la profanación de cadáveres” y también “a favor de enterrar la totalitaria Ley de Memoria Histórica”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario