Desde que arrancó el mes de junio y hasta el momento, Patrimonio Nacional ha registrado un crecimiento del 103% en cinco semanas. Los fines de semana consultados demuestran un crecimiento de 2.500 personas más cada sábado y domingo.
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El Valle de los Caídos se ha convertido en visita obligada desde que Pedro Sánchez anunciara a mediados de junio que pretende sacar los restos de Francisco Franco del monumento, que ha duplicado su afluencia en cuatro fines de semana. Los movimientos de visitantes se aceleraron -tal y como ha podido saber este periódico- una semana más tarde del anuncio, cuando el propio presidente del Gobierno advirtió resolver el asunto de manera inmediata, en julio a más tardar.
Patrimonio Nacional ha contestado a las preguntas de este periódico con los datos de los fines de semana, momento de mayor afluencia al monumento, y confirman que en un mes los visitantes han crecido en más de 1.500 personas cada fin de semana. Junio arrancó con 2.148 visitantes el primer sábado y domingo del mes y cada semana ha ido creciendo sin parar.
El techo de los datos registrados se disparan hasta los 3.584 visitantes, casi 2.500 personas más que el inicio de junio, es decir, un aumento del 103%, en el primer sábado y domingo de julio. Las visitas de 2017, en el mismo periodo de tiempo, fluctúan sin arbitrio, pero sin superar los 2.800 visitantes ningún fin de semana de los investigados. De hecho, el primer sábado y domingo de julio de 2017 se registra una entrada de 2.820 personas (casi 1.000 personas menos de las que se acercaron este año).
Visitas al Valle de los Caídos, los fines de semana de junio y julio.
Pero las cifras del segundo fin de semana de julio son todavía más amplias: 4.367 personas pasaron este sábado y domingo por allí. La afluencia ha desbordado las previsiones de tráfico de acceso al Valle de los Caídos. Las retenciones se alargaron hasta las inmediaciones de Guadarrama, la localidad más cercana al lugar, tal y como ha asegurado la Guardia Civil a este periódico. “Este fin de semana había mucha más gente de lo normal en la entrada”, han explicado. El acceso al monumento se hace a pie de monte y con el automóvil para llegar a Cuelgamuros, lo que ha provocado una larga fila de coches inesperada y poco habitual.
Cifras en aumento
Las cifras globales de visitas del mes de junio también desvelan un crecimiento en el interés por el lugar donde dejará de estar enterrado Francisco Franco: en mayo, el Valle sumó 21.599 personas y en junio 23.135. El mes de junio de 2017 entraron 21.443 personas, año que tuvo 283.277 entradas. Sin embargo, será en julio cuando el monumento gestionado por Patrimonio Nacional acaricie un nuevo récord de visitas, tras el anuncio de Pedro Sánchez.
Retenciones a la entrada del monumento, en la sierra madrileña.
El repunte de atracción del Valle lo experimentan también en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Emilio Silva, su presidente, asegura que por primera vez en 17 años han llamado a la asociación para concertar visitas. “Con el caso de los hermanos Lapeña, en abril, ya se reactivó el interés. Quieren conocer el monumento explicado por nosotros, con nuestra narrativa”, dice.
El presidente quiere convertir ese lugar en un centro de homenaje a las víctimas y la reconciliación y las visitas se han disparado para despedir el lugar que se ha mantenido durante casi seis décadas, tal y como lo ideó e inauguró el franquismo, el uno de abril de 1959. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica, en 2007, cada 20 de noviembre, fecha de la muerte de José Antonio Primo de Rivera y de Francisco Franco, el lugar se convertía en el punto de reunión de la ultraderecha española, que accedían con banderas preconstitucionales y brazos en alto. La celebración está prohibida.
Un lugar para la memoria
El Ministerio de Justicia está montando dos rutas posibles para ejecutar la exhumación: una prepara el proceso de retirada con el acuerdo con la familia. La otra posibilidad estudia el caso en que los descendientes del dictador nieguen el traslado de los restos del dictador, que retrasaría la operación por buscar un nuevo enclave.
Coches en la entrada del Valle de los Caídos este fin de semana.
Además, la familia Franco podría recurrir a los tribunales la decisión del Gobierno, que cuenta con el aval del Congreso desde 2017. De cualquier manera, desde el PSOE son categóricos ante la judicialización del asunto porque no obligará a paralizar la operación de resignificación del Valle de los Caídos, dado que es un cementerio público y la decisión final depende de Patrimonio Nacional, organismo dependiente de Presidencia.
El Valle de los Caídos es uno de los lugares con más visitas de Patrimonio Nacional (por detrás del Palacio Real, El Escorial y Aranjuez). Según los datos del Gobierno, en 2017 Patrimonio Nacional vendió 20.400 entradas más y sumó un total de 283.277 visitas (el mejor de los años tras el cierre). El año pasado tuvo 1,7 millones de euros de gastos y 1,3 millones de euros de ingresos. Los expertos dicen que se necesitan 15 millones de euros para la rehabilitación integral. El déficit del Valle de los Caídos en 2017 fue de 360.919 euros, y un acumulado en los últimos cuatro años de 2,8 millones de euros.
La opinión mayoritaria de los historiadores consultados por este periódico asegura que el monumento debe mantenerse, pero no como lugar de exaltación de la dictadura, sino una oportunidad para ilustrar las consecuencias de los sistemas totalitarios del siglo XX. Prefieren que se explique el monumento, algo que Patrimonio Nacional no hace en estos momentos. Los historiadores piden un lugar de la memoria, no un lugar de culto, que explique que no fue un símbolo de paz, sino una reivindicación de los caídos del franquismo como se define todavía hoy.
El Ministerio de Justicia está montando dos rutas posibles para ejecutar la exhumación: una prepara el proceso de retirada con el acuerdo con la familia. La otra posibilidad estudia el caso en que los descendientes del dictador nieguen el traslado de los restos del dictador, que retrasaría la operación por buscar un nuevo enclave.
Coches en la entrada del Valle de los Caídos este fin de semana.
Además, la familia Franco podría recurrir a los tribunales la decisión del Gobierno, que cuenta con el aval del Congreso desde 2017. De cualquier manera, desde el PSOE son categóricos ante la judicialización del asunto porque no obligará a paralizar la operación de resignificación del Valle de los Caídos, dado que es un cementerio público y la decisión final depende de Patrimonio Nacional, organismo dependiente de Presidencia.
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