Unos separatistas insultaron, amenazaron e intentaron agredir al magistrado
El prófugo Puigdemont apoyó el acoso al juez Llarena difundiendo su localización en Twitter
Anoche, en Montrás (Gerona), un grupo de separatistas acosó e intentó agredir a Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa contra el golpe de Estado separatista en Cataluña.
Insultos, amenazas e intento de agresión contra el juez Llarena
Varios separatistas reconocieron al magistrado cuando cenaba en un restaurante acompañado, entre otras personas, del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. Algunas cuentas de Twitter vinculadas al separatismo catalán empezaron a difundir la localización del restaurante y la presencia del juez en él, lo que dio lugar a que dos docenas de matones apareciesen en la zona para insultar al juez, amenazarle y golpear su coche, una actuación propia de la mafia que no llegó a más gracias a la actuación de los escoltas de la Policía Nacional que se han asignado al juez desde que asumió esta causa, a raíz de las amenazas que ha recibido. Y es que no es la primera vez que el separatismo pone a este juez en la diana. El pasado mes de marzo, separatistas marcaron con pintadas la vivienda del magistrado en Cataluña y pegaron carteles con su foto y el texto “Llarena, aquí no eres bienvenido”, una actuación que recuerda peligrosamente a los actos de amedrentamiento de los grupos afines a la banda terrorista ETA en las provincias vascas.
Puigdemont facilitó la labor de los acosadores desde Bruselas
Desde Bruselas, donde se refugia actualmente en una lujosa mansión (¿quién la paga?) tras huir de la Justicia tras ser imputado por delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, Carles Puigdemont compartía anoche en su Twitter los tuiteos de otros usuarios publicando la localización del juez, a fin de facilitarle la labor a los acosadores.
El abogado de Puigdemont propuso ‘desactivar’ a Vox para dejar impunes a los golpistas
No es la primera maniobra que Puigdemont y su entorno para amedrentar a personas relacionadas con la causa judicial contra los golpistas. Hace unas semanas, el abogado de Puigdemont proponía “desactivar” a Vox, el partido que lleva la acusación popular contra los golpistas, proponiendo al Estado “investigar” a ese partido a fin de apartarlo de la causa judicial. Dicho sea de otra forma: pretenden que el Gobierno recurra a las cloacas del Estado para acabar con la acusación particular y que los golpistas queden impunes. A pesar de que esa declaración se hizo en una emisora de radio, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial no han hecho ninguna declaración condenándola. En el momento de publicar estas líneas, el Gobierno y el CGPJ tampoco han condenado aún el acto de acoso de anoche contra el juez Llarena.
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