El pacto alcanzado por el Gobierno aragonés PSOE-Chunta y Podemos para cerrar hasta una treintena de aulas en colegios católicos concertados con la Administración lleva camino de acabar en los juzgados si se acaba consumando en la práctica. Así lo han apuntado los grupos de la oposición y es una vía que también considera la patronal del sector. El PP ha advertido incluso que el Gobierno aragonés se enfrenta a responsabilidades penales si lleva a cabo ese cierre de aulas pactado con Podemos.
El diputado regional del PP Antonio Suárez ha afirmado que el Ejecutivo autónomo podría incurrir incluso en prevaricación si consuma ese plan, porque «saben que con ese procedimiento no lo pueden llevar a cabo». «Corren un riesgo importante», ha remarcado..
La escuela concertada ha acabado siendo la pieza sacrificada entre el PSOE y Podemos para que el Gobierno del socialista Javier Lambán pueda tener presupuestos y no se acentuara más su aislamiento y debilidad parlamentaria. Sin Podemos, la gobernabilidad anda seriamente comprometida para un Ejecutivo que suma solo 20 de los 67 escaños que conforman las Cortes de Aragón y que fue investido precisamente gracias a los votos que Lambán recibió de Podemos en julio de 2015.
Tras cinco meses de accidentadas negociaciones entre ambos partidos, sucesivamente entabladas y rotas desde octubre, al final Podemos -liderado en Aragón por Pablo Echenique- ha buscado sacar pecho imponiendo una de sus tesis: arremeter contra la enseñanza concertada, los colegios privados que cuentan con convenios con la Administración para complementar la oferta de plazas escolares en la región y, así, facilitar que las familias ejerzan su derecho de libre elección de centro para sus hijos.
Para desbloquear la aprobación de los presupuestos autonómicos de 2017, Podemos puso como última condición que se emprenda un plan de supresión de aulas concertadas, lo que afecta en su inmensa mayoría a colegios católicos. Y el PSOE lo ha aceptado, lo que le ha valido al Gobierno regional una cascada de críticas.
Para intentar compensar el revuelo generado, los socialistas dicen que aún está por ver cuántas aulas se reducen de los conciertos educativos vigentes hasta ahora. Dicen que lo pactado habla de un máximo de 28 aulas a suprimir, pero que la cifra está por concretar. Desde Podemos ya han contestado que lo que ellos quieren es que sean 28, el máximo recogido en el pacto que acaban de cerrar con el Gobierno de Lambán.
Pero el asunto, más allá del revuelo generado, tiene altas probabilidades de acabar en los tribunales por posible inconstitucionalidad. Lo han advertido desde el PP, Ciudadanos y el PAR, pero también desde la CEOE. La patronal aragonesa (CEOE-Aragón) se ha apresurado a recordar que «la Constitución Española, en su artículo 27, recoge el derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y de creación de centros por personas físicas y jurídicas, así como el derecho de los padres a elegir acorde a sus convicciones el centro al que quieren que acudan sus hijos, que debe ser garantizado por los poderes públicos». Y -subraya la CEOE- «los poderes públicos deben garantizar el derecho de todos a la educación con creación de centros y una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados».
Estos derechos legales, amparados por la Constitución, chocan de plano con el pacto alcanzado entre el PSOE y Podemos en Aragón contra la enseñanza concertada porque, a juicio de la CEOE, «se trata de un planteamiento puramente ideológico y excluyente, que no tiene en cuenta criterios de eficiencia y demanda ni la libertad de elección de centro educativo recogida por la Constitución Española».
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