Un análisis de la asociación Facua pone de manifiesto que las bajadas que se han producido meses atrás han llegado a su fin.
FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un análisis sobre la evolución de las tarifas eléctricas que pone de manifiesto que el cambio regulatorio que se ha producido este año no sólo no va a provocar bajadas tarifarias, sino que da libertad total al sector para aplicar subidas descomunales mediante prácticas oligopolísticas imposibles de evitar con el nuevo modelo impuesto por el Gobierno.
Con la tarifa media del mes de agosto, el usuario medio ya paga un 1,4% más que en el mismo mes del año pasado. Así, con las tarifas aplicadas del 1 al 31 de agosto, un consumo mensual de 366 kWh con una potencia contratada de 4,4 kW supone un recibo de 75,87 euros (con el 27,19% de IVA e impuesto sobre la electricidad incluidos). Los usuarios con menor nivel de consumo han experimentado una subida mayor, dado el enorme incremento que ha aprobado el Gobierno para la tarifa fija por la potencia contratada. Así, un usuario con una potencia de 4,4 kW y un consumo de 250 hWh paga con las tarifas de agosto un 3,0% más que con las del mismo mes de 2013.
Las bajadas que se han producido meses atrás han llegado a su fin y el mercado de futuros pone de manifiesto que los usuarios están condenados a pagar cantidades cada vez más elevadas por su consumo eléctrico, dado que el Gobierno se niega a aprobar un sistema en el que las tarifas se establezan sobre la base de los costes reales de la generación energética.
Con las tarifas vigentes en enero, el usuario medio pagaba 67,62 euros (un 16,0% menos que en enero de 2013), 66,33 en febrero y marzo (17,6% menos que en los mismos meses del año anterior), 63,98 en abril (14,4% menos que un año atrás), 71,46 en mayo (4,4% menos), 75,31 en junio (0,7% más que en junio de 2013), 73,88 en julio (2,4% menos) y 75,87 en agosto (un 1,4% más que los 15,90 céntimos vigentes en agosto del año pasado). Los importes indicados para las facturas del usuario medio en los tres primeros meses del año incluyen el descuento aplicado con posterioridad a las tarifas que se habían aprobado de forma provisional.
En los ocho primeros meses del año, el precio medio mensual por cada kWh consumido ha sido de 13,93 céntimos en enero, 12,76 en febrero, 12,76 en marzo (tras la refacturación que se ha producido al descontar 3,03 céntimos a cada kWh consumido durante el primer trimestre),12,12 en abril, 14,17 en mayo, 15,22 en junio, 14,83 en julio y 15,37 en agosto .
En cuanto a las tarifas fijas por cada kW de potencia contratada, en enero estaba en 3,78 euros, el precio vigente desde agosto de 2013, cuando el Ministerio de Industria, Energía y Turismo aprobó una subida del 62,8% con respecto a los 2,32 euros establecidos desde abril de 2012. En febrero, el Gobierno volvió a subir la tarifa otro 17,9%, situándola en 4,46 euros por kW. El incremento acumulado del precio del kW en poco más de un año ha sido del 92,2%.
El pasado abril, FACUA llevó al Gobierno de España ante la Comisión Europea al considerar que la nueva fórmula para fijar las tarifas eléctricas (el denominado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor que sustituye a la Tarifa de Último Recurso) vulnera las directivas comunitarias sobre electricidad, derechos de los consumidores y cláusulas abusivas. La asociación espera que Bruselas intervenga expedientando a España y se produzca la paralización del caótico modelo tarifario impuesto por el Gobierno.
FACUA advierte de que el establecimiento de tarifas diferentes en función del tipo de contador y de su integración en un sistema de telegestión que ni siquiera se encuentra aún validado genera una clara discriminación entre los consumidores, a los que se les aplican condiciones diferentes. A ello se suma la falta de transparencia sobre los precios, que no son comunicados a los usuarios antes de su aplicación y resultan difícilmente entendibles para la gran mayoría.
Por otro lado, FACUA señala en su denuncia que la forma de cálculo del precio de la electricidad aprobada por el Gobierno de España vulnera elementos de carácter básico en materia de protección de los consumidores en la UE, ya que las tarifas varían de forma sustancial sin que las comercializadoras les remitan información al respecto con anterioridad.
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