El alcalde de Burgos vive en un ático de lujo edificado por los constructores de Gamonal

Las empresas que recibieron las adjudicaciones para el polémico bulevar construyeron el edificio donde vive el alcalde

La vivienda aparece escriturada en 167 metros cuadrados, pero la información del registro no cuadra con la realidad

El alcalde y su esposa también son propietarios de dos plazas de garaje y un trastero en el mismo residencial, que fue construido tras una recalificación aprobada por el PP

La arquitecta del edificio es Blanca Méndez, hija de Méndez Pozo y amiga del alcalde, que acudió a su boda

El alcalde de Burgos, Javier Lacalle.

 

Desde el Ayuntamiento de Burgos, hace días que insisten en una idea: que el famoso constructor condenado por corrupción Antonio Miguel Méndez Pozo no tiene nada que ver con la polémica obra de Gamonal. Sin embargo, una de sus empresas ganó el concurso para diseñar el proyecto, y otra de las adjudicatarias, la constructora Arranz Acinas, es aliada de Méndez Pozo en varios negocios.

Méndez Pozo y Arranz Acinas son socios en la concesión del hospital público de Burgos, en una empresa de hormigón, en unas parcelas de Palencia, en la circunvalación de Burgos…, y también edificaron juntos una de las urbanizaciones céntricas más conocidas de la ciudad: el Residencial San Agustín, unas viviendas construidas junto al nuevo bulevar ferroviario. Uno de los pisos más caros del residencial es, precisamente, el ático de lujo donde vive el alcalde de la ciudad, Javier Lacalle: una vivienda de la que el alcalde no ha informado en su declaración de bienes en el Ayuntamiento, construida sobre terrenos recalificados por el PP y cuya descripción en el Registro de la Propiedad no coincide con la realidad.

Javier Lacalle era concejal del Ayuntamiento de Burgos cuando se recalificó la parcela y, más tarde, primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo cuando se terminó de construir. Desde ese puesto, fue uno de los principales impulsores de la mayor operación urbanística de la ciudad: el bulevar ferroviario, levantado sobre las antiguas vías del tren. Esta operación supuso la recalificación y revalorización de numerosos terrenos, muchos de ellos de Méndez Pozo, además de un gran agujero en las cuentas de la ciudad. El Ayuntamiento de Burgos ya lleva gastados en el bulevar 63 millones de euros que todavía hoy debe a los bancos. El proyecto completo del bulevar ferroviario aún está sin terminar.

Los terrenos sobre los que se levantó el Residencial San Agustín, junto al bulevar ferroviario, pertenecían a la Diputación de Burgos, gobernada por el PP. Eran parte del antiguo Hospital Provincial, y fueron vendidos a un consorcio de cinco empresas constructoras entre las que, como es habitual en la ciudad, estaban Méndez Pozo y Arranz Acinas. La Diputación se quedó con uno de los edificios del antiguo hospital, que transformó en una residencia universitaria, y el Ayuntamiento con otro, que rehabilitó como centro cívico, con una piscina cubierta. El resto se vendió a los constructores. Antes de firmar ese convenio, el Ayuntamiento modificó el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de la ciudad para aumentar la edificabilidad de la zona en un 25%.

El edificio donde se encuentra el ático de Lacalle. Imagen: Google Maps.

El alcalde de Burgos compró sobre plano su primera vivienda en el Residencial San Agustín el mismo año en que fue nombrado concejal de Urbanismo, en 2003, según figura en su declaración de bienes. Era una casa de 84 metros cuadrados construidos y dos habitaciones. Pero a principios de 2012 –ya siendo alcalde–, Javier Lacalle se cambió de casa dentro del mismo edificio a una de las mejores viviendas: un ático en el décimo piso de 167 metros cuadrados construidos y con amplias vistas a la ciudad, según fuentes que conocen directamente la vivienda.

El alcalde vendió su anterior piso a uno de sus subordinados: al gerente de Servicios Sociales del Ayuntamiento, Álvaro Varona Cristóbal. Varona cobra 69.000 euros brutos anuales y es uno de los cargos municipales mejor pagados en Burgos, en un puesto designado directamente por el alcalde. Tiene 32 años y milita en el PP desde los 18, tal y como ha explicado en conversación telefónica con eldiario.es. Según Varona, la compraventa se cerró "al mismo precio que dio la tasación que hizo la Caja Laboral", que le concedió la hipoteca.

A pesar del fin de la burbuja inmobiliaria, los pisos en el Residencial San Agustín siguen siendo de los más caros de la ciudad. En el portal inmobiliario Idealista aparecen anuncios en ese mismo residencial con  precios superiores a los 4.000 euros por metro cuadrado.

La hija de Méndez Pozo, arquitecta del edificio

Uno de los arquitectos que firmó los planos del edificio es Blanca Méndez, la segunda hija del constructor Méndez Pozo. La inmobiliaria Río Vena, propiedad de Méndez Pozo, es uno de los promotores de la obra junto con Arranz Acinas, adjudicataria, a través de otra empresa, de la obra de Gamonal.

El alcalde de Burgos es amigo personal de Blanca Méndez, hasta el punto de que fue uno de los políticos que asistió a su boda, que se celebró en Burgos el verano de 2008, cuando Lacalle era concejal de Urbanismo. Además del hoy alcalde, a la boda de la hija del poderoso constructor acudieron, entre otros políticos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera (PP); el entonces presidente del Congreso, José Bono (PSOE); el entonces presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda; la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal; y el hoy presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Rajoy no estuvo en la ceremonia, pero sí llegó a la cena.

Burgos, 04/07/03.- El presidente de Castilla-La Mancha, José Bono, en una de las corridas de la Feria de Burgos, invitado por el constructor Antonio Méndez Pozo (dcha.). 

Blanca Méndez, además de firmar el Residencial San Agustín como arquitecta, es también la persona que gestiona el estudio MBG, que ganó el concurso para la obra de Gamonal, una  adjudicación supuestamente anónima donde el proyecto vencedor salió antes publicado en las páginas del Diario de Burgos, propiedad de Méndez Pozo.

Un patrimonio sin declarar ante el Ayuntamiento

En la declaración de bienes que Javier Lacalle ha presentado en el Ayuntamiento de Burgos, su nueva vivienda no aparece, a pesar de que es obligatorio para todos los concejales comunicar cualquier cambio en su patrimonio. Sólo declara su antigua vivienda en el Residencial San Agustín y una plaza de garaje.

Sin embargo, el ático de lujo del alcalde sí aparece en el Registro de la Propiedad número 4 de Burgos, aunque la vivienda que Lacalle y su esposa habitan, junto con sus dos hijos, se parece muy poco a la descripción de la finca que está depositada en el registro. Según la información registral, la nueva casa del alcalde sólo tiene dos dormitorios y la mitad de los 167 metros cuadrados de la vivienda es una terraza de 83,46 metros. Según el registro, la nueva vivienda del alcalde tiene sólo 76 metros cuadrados útiles, sólo cinco metros cuadrados más que la anterior, que tenía 71. Según el registro, ambas tienen sólo dos dormitorios. Sin embargo, fuentes que conocen la vivienda aseguran que la zona habitable del nuevo ático es bastante mayor y que tendría más de dos dormitorios.

Tampoco encaja la fecha de compraventa que aparece en la información registral a la que ha tenido acceso  eldiario.es. Según el Registro de la Propiedad, el alcalde compró la vivienda en septiembre de 2012. Sin embargo, otras fuentes confirman que el alcalde y su familia viven en ese nuevo ático desde al menos nueve meses antes de cerrarse la compraventa ante el notario. Según fuentes que conocen la vivienda, se mudó a los pocos meses de conseguir la alcaldía, tras las elecciones de mayo de 2011.

La escritura de compra se firmó el 14 de septiembre de 2012. Ese mismo día, el alcalde y su mujer compraron también otras tres propiedades más en el mismo Residencial San Agustín: un trastero y dos plazas de garaje.

Desde  eldiario.es, hemos intentado ponernos en contacto tanto con el alcalde de Burgos, Javier Lacalle, como con el director de Comunicación del Ayuntamiento, José Domarco, para pedir una explicación sobre el origen de este patrimonio y sobre las anomalías en la información registral. Ninguno de los dos ha querido responder.

Una familia que vive de la política

Tanto Javier Lacalle como su mujer no tienen ningún ingreso conocido cuyo origen no sea la política. En el caso del alcalde, de 44 años, estudio Derecho pero nunca ejerció. Se afilió al Partido Popular con 19 años. Ha sido presidente de las Nuevas Generaciones del PP de Burgos (1994), concejal del Ayuntamiento de Burgos con 25 años (1995-1999), director general de Juventud de la Junta de Castilla y León (1999-2003), concejal de Urbanismo y teniente de alcalde (2003-2011) y finalmente alcalde de la ciudad (desde 2011). Entre 1999 y 2003 también fue secretario general de la Red Española de Albergues.

Lacalle jamás ha trabajado en otra ocupación que no sea la política. Su sueldo como alcalde es de 69.133 euros brutos anuales.

En cuanto a su mujer, Cristina Merino Ibáñez, copropietaria de la vivienda, del trastero y de las dos plazas de garaje en régimen de gananciales, trabaja como gerente de Adecoar (Asociación para el Desarrollo de la Comarca del Arlanza). El presidente de esta asociación es el alcalde del pueblo burgalés de Villangómez, Juan Carlos Peña, del Partido Popular. La asociación, en la práctica un órgano político, gestiona fondos del programa Leader, unas ayudas de la Unión Europea teóricamente destinadas al desarrollo rural. Adecoar recibió una subvención de 4,5 millones de euros para seis años, aunque después su presupuesto se recortó en un 30%. En la actualidad, la asociación apenas tiene actividad conocida, salvo pagar el sueldo a la gerente –la esposa del alcalde, que cobra unos 2.700 euros netos al mes– y a dos técnicos. Todos estos puestos son de libre designación, sin pasar ninguna oposición.

La Diputación Provincial de Burgos, que preside el presidente del PP de Burgos, César Rico, aporta anualmente 100.000 euros a cada uno de los programas Leader, que se añaden al resto de los ingresos. Este año, la Diputación ha condicionado esta ayuda a que se destine el 70% de estos 100.000 euros para cubrir los gastos de personal. Es una manera de garantizar que, pese a los recortes, el dinero para sueldos no se recortará.