Foto:Ignacio Fernández Toxo
El 'caso de los ERE fraudulentos' que investiga la juez Mercedes Alaya y que hasta ahora ha salpicado a la sede sindical de UGT, parece tener también su relación con la central dirigida por Ignacio Fernández Toxo, Comisiones Obreras. De forma muy similar a la organización de Cándido Méndez, CCOO utilizó a dos empresas participadas para encubrir los pagos: a través de Federación Minerometalúrgica andaluza de CC OO y Atlantis Asesores S.A. recibieron 1.372.230,77 euros. La Comisión Económica de UGT evitó supervisar las cuentas en Andalucía.
Según recoge La Razón, así figura en varios asientos contables que van desde febrero de 2006 hasta septiembre de 2010 de la empresa Uniter, una de las principales mediadoras del entramado y propiedad de José González Mata, imputado en el caso.
En el caso de la Federación Minerometalúrgica, recibió un importe de 341.661,92 repartido en cuatro pagos diferentes. Los dos primeros ascendieron a 69.600 euros cada uno, en 2006 y 2007. Y tras un parón en 2008, los pagos de regresaron en 2009 por un importe de 92.980,96 euros. por último, al año siguiente la cantidad se elevó hasta 109.480,96 euros.
La mayor parte de este dinero cobrado correspondió al ERE por el que se prejubiló a los mineros de la Faja Pirítica de Huelva que costó a la Junta de Andalucía más de 119 millones de euros. Sin embargo, los números 'no salen' ya que esta federación declaró haber recibido 150.000 euros más de lo que declaró Uniter. Y en esa diferencia habría que incluir los 69.600 euros que la empresa de José González Mata asumió en su contabilidad en 2007.
Atlantis Asesores S.A.
En cuanto a Atlantis Asesores S.A, distribuidora de los productos aseguradores del grupo Atlantis, según los asientos contables de Uniter, recibió pagos por valor de 1.030.568,85 euros entre 2006 y 2010: En 2006, 140.000 euros; 72.503 euros en 2007; 477.808,77 euros en 2008; otros 143.729,77 euros en 2009 y 196.527,31 euros en 2010.
En este sentido, Atlantis está relacionado con el ERE de la Compañía Minera del Marquesado mediante una carta remitida al exdirector general de Trabajo Juan Márquez Contreras -que sustituyó en el cargo al imputado Francisco Javier Guerrero- con membrete de la Federación Minerometalúrgica de Andalucía de CC OO, en la que el secretario de empleo de la organización reclamaba información sobre la situación de los prejubilados de la mina de Alquife.
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