Anteayer el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares reclamó la ilegalización de los grupos de ultraderecha que participaron la víspera en el asalto al Centro Cultural Blanquerna de Madrid. Es una petición que me parece del todo razonable, aunque me choca que la proponga este señor. Y es que el año pasado Llamazares defendió un violento asalto de comunistas andaluces a un supermercado calificándolo de “acto de desobediencia civil”.
Es el colmo del sectarismo que una agresión se clasifique como motivo de ilegalización o como defendible acto de desobediencia en función de si los agresores son ultraderechistas o ultraizquierdistas. Contra lo que piensan algunos, el uso de la violencia con fines políticos es condenable siempre, lo haga quien lo haga. E igual que el asalto ultraderechista del miércoles debería dar lugar a acciones legales contra los grupos que lo llevaron a cabo, asaltos como los del sindicato comunista de Sánchez Gordillo deberían tener exactamente la misma respuesta por parte de las autoridades. En una democracia no se puede consentir que nadie se sienta legitimado a agredir a otros por sostener una determinada ideología.
Es el colmo del sectarismo que una agresión se clasifique como motivo de ilegalización o como defendible acto de desobediencia en función de si los agresores son ultraderechistas o ultraizquierdistas. Contra lo que piensan algunos, el uso de la violencia con fines políticos es condenable siempre, lo haga quien lo haga. E igual que el asalto ultraderechista del miércoles debería dar lugar a acciones legales contra los grupos que lo llevaron a cabo, asaltos como los del sindicato comunista de Sánchez Gordillo deberían tener exactamente la misma respuesta por parte de las autoridades. En una democracia no se puede consentir que nadie se sienta legitimado a agredir a otros por sostener una determinada ideología.
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