La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que pide que se avance en la investigación sobre la justificación de los pagos de mediadoras de los ERE a sindicatos o empresas vinculadas a ellos, así como a las personas y entidades que se hayan beneficiado.
En el escrito, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía pide que reclame a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que aporte la relación de las entidades y empresas perceptoras de esos pagos en la trama de los ERE irregulares, con justificación documental de los servicios a los que se corresponden los pagos "de forma detallada" con facturas, tipo de trabajo y personal empleado.
Asimismo, interesa que se pida a la Agencia Tributaria que informe sobre las operaciones que consten en sus bases de datos sobre los pagos y operaciones entre las empresas y sindicatos. La Fiscalía también solicita que el juzgado requiera ante los órganos competentes "la necesaria ampliación de los recursos humanos y materiales que permitan un avance ordenado y sistemático de la causa", de manera que se pueda cumplir "en un plazo razonable" con las diligencias.
En ese sentido, la Fiscalía asegura que es consciente de la "ingente cantidad de documentación pendiente de estudiar" así como del trabajo "que ya se viene acumulando en la instrucción" de la causa de los ERE irregulares.
Ante las irregularidades detectadas por el ingreso de las ayudas en cuentas bancarias de la misma entidad, "operativa que no debió pasar inadvertida para los directivos de la misma", la Fiscalía pretende que la UCO aporte una relación detallada por entidad y sucursal de las cuentas utilizadas por los imputados para el cobro "y posterior distribución de las cantidades".
Ha pedido también que se oficie al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias para que informe sobre denuncias, reportes o cualquier actuación relacionada con esas cuentas, y a las asesorías jurídicas de las entidades que detallen las personas que desempeñaron el puesto de director e interventor en ese periodo.
Anticorrupción considera necesario "avanzar en la instrucción de los expedientes" de ayudas para evitar la prescripción "para aquellas personas que pudiesen ser responsables de los hechos delictivos objeto de investigación" y para obtener "el mayor reintegro posible" de los fondos "indiciariamente malversados".
Por ello, reitera sus peticiones de informes a la UCO sobre implicados y empresas, y a la Agencia Tributaria, así como sobre los trabajos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
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