El modelo autonómico no es viable por sus altísimos costes y sus exigencias financieras, que no se corresponden con su escasa eficiencia en la prestación de servicios al ciudadano.
Las autonomías se establecieron para integrar a las fuerzas nacionalistas en el marco constitucional de 1978, pero los nacionalismos catalán y vasco no aceptan actualmente con la debida lealtad esa Constitución, rechazan el Estado autonómico y, más o menos explícitamente, aspiran a la independencia de sus territorios.
Además, el desarrollo autonómico ha roto la unidad normativa nacional con la consiguiente quiebra de la unidad de mercado que encarece nuestros productos hasta hacerlos no competitivos a nivel europeo. También ha afectado negativamente a la unidad educativa y cultural, así como al fomento de la lengua castellana. El mito de las ventajas de las autonomías para los ciudadanos se ha venido abajo. El Estado de las Autonomías ha sido un fracaso político, económico y social, que ha fragmentado España en vez de mantenerla unida, como era su objetivo. La enfermedad que aqueja al Estado de las Autonomías es terminal y su bancarrota parece inevitable: el Estado autonómico es un modelo de Estado fallido.
Por ello, actualmente, la eliminación de las autonomías es deseable para la mayoría de los españoles, según las diversas encuestas, salvo la del Centro de Investigaciones Sociológicas que dice que solo el 40 % de la población quiere dicha eliminación.
Sin embargo los políticos, por su propio interés, se obstinan en mantener un modelo autonómico que es ruinoso para el ciudadano; pero que, en cambio, es muy provechoso para los partidos políticos ya que las autonomías son una fuente de poder y de puestos de trabajo para la clase política y para sus enchufados.
Desde luego la existencia de las insostenibles CCAA imposibilita que España cumpla sus objetivos de déficit presupuestario y que salga de la crisis. La persistencia de la recesión y de la elevada cuantía del número de parados hará que Europa nos obligue a elegir entre el mantenimiento de nuestras ruinosas autonomías o nuestra pertenencia a la desarrollada Europa del euro. Efectivamente, si lo antes posible no se reduce drásticamente el gasto y la estructura político-administrativa de las CCAA, la desaparición del Estado de las Autonomías llegará a ser inevitable, por una mera cuestión de supervivencia colectiva.
Pero todavía estamos a tiempo de salir voluntariamente del ruinoso laberinto autonómico, antes de que Europa tenga que rescatarnos traumáticamente, para poder seguir en el selecto club del euro. Menos mal que existen salidas de ese laberinto. En mi reciente libro El Ocaso de las Autonomías expongo algunas de esas salidas. Unas son más factibles que otras, dado que la eliminación o la reforma sustancial del Estado de las Autonomías exige una modificación esencial de nuestra Constitución de 1.978, que reconoce a “las nacionalidades y regiones” el derecho a la autonomía política.
Ciertos partidos políticos afirman ahora que lo mejor para salir del laberinto autonómico es implantar en España un Estado federal, lo que supone el reconocimiento de que el autonómico “café para todos” ha fracasado si bien, a pesar de ello, quieren sustituirlo por un federal “café con leche para todos”, igualmente ruinoso e inviable.
Si no se quiere modificar nada de la actual Constitución, la única pero insuficiente salida factible del laberinto autonómico sería que, como la autonomía es un derecho renunciable, las CCAA que lo acordasen devolvieran al Estado todas sus competencias a cambio de grandes incentivos o ventajas, como la asunción de sus deudas públicas por el Estado y la concesión a ellas de excepcionales y voluminosas inversiones creadoras de puestos de trabajo.
Sin embargo, la óptima y más urgente salida de ese ruinoso laberinto es la eliminación de las autonomías mediante la implantación de un Estado unitario -para lo que es conveniente que se llegue previamente a un acuerdo entre el PP y el PSOE para modificar el Título VIII de la Constitución-, dado que un número creciente de españoles somos partidarios de una plena recentralización política que tenga en cuenta los hechos diferenciales de algunos territorios españoles. Para que España se convierta en un Estado unitario habrá que celebrar elecciones a Cortes constituyentes.
Pero la transformación en un nuevo modelo de Estado es una tarea demasiado seria y trascendental para dejársela solamente a los partidos políticos. Los ciudadanos –agrupados o no en asociaciones o foros de la sociedad civil- queremos ejercer la soberanía popular para llevar a cabo esa reforma estructural del Estado español. Actualmente la sociedad civil tiene ya suficiente madurez y criterio político, por lo que se está organizando para ser protagonista del cambio de
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