miércoles, 23 de enero de 2013

Me pregunto :¿esto es robar?





La Junta acumula 1.550 millones en obras 'fantasma' fuera del presupuesto

 
Las reclamaciones de constructores por reprogramaciones suman 83 millones
  • Estas obras consideradas fantasma vulneran la Ley de Estabilidad estatal
  • El AVE que une Sevilla y Antequera se retrasa más allá del año 2017
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Obras de la circunvalación SE-40 de Sevilla.

La Cámara de Cuentas destapa que la consejería de Fomento y la Agencia de Obra Pública incumplen las leyes con los compromisos plurianuales generados por las obras que encargan.



Nuevo informe de la Cámara de Cuentas, nuevo ejemplo del descontrol en la gestión del dinero público por parte de la Junta de Andalucía. En un informe de fiscalización del Plan de Infraestructuras 2007-2013 lanzado por el Gobierno andaluz, el ente de control ha identificado hasta final de 2011 unos 1.550 millones de euros en obras adjudicadas pero no registradas en ninguna aplicación presupuestaria y, por tanto, cuyo procedimiento y plazo de pago están en el limbo.
La Cámara es contundente sobre la ilegalidad que supone esta situación: "Estos compromisos, al no aparecer registrados en la agrupación presupuestaria de ejercicios futuros ni en ninguna otra, podrían suponer el incumplimiento del artículo 40.9 del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, el cual establece que los compromisos de gastos de carácter plurianual "deberán ser objeto de adecuada e independiente contabilización". Además, el ente fiscalizador andaluz advierte claramente de que esta situación no cumple con la Ley de Estabilidad Presupuestaria estatal aprobada el pasado año.
¿De dónde procede esta cantidad, que triplica el gasto en infraestructuras consignado para el presente ejercicio 2013? En torno a 450 millones corresponden a la antigua consejería de Obras Públicas (hoy Fomento). El resto, 1.100 millones, son contratos de la Agencia de Obra Pública (AOP), ente instrumental de la consejería que funciona con transferencias anuales que se hacen desde su presupuesto. De esos 1.100 millones, 211 deberían abonarse entre 2012 y 2016, y los 890 restantes a partir de 2017, según los datos del informe de la Cámara. Pero esas cantidades no aparecen registradas en la contabilidad general de la Junta, por lo que esos plazos no tienen soporte legal alguno para cumplirse.

Paralizaciones

Queda de manifiesto con ello el descontrol y la mala gestión que se hace del dinero público, especialmente en los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Basta recordar a este efecto cómo la propia Cámara ya denunció que todas las ayudas al empleo concedidas por el SAE (el Inem andaluz) en 2009 incumplieron flagrantemente la ley. O el caso de corrupción que investiga la justicia en la empresa pública Invercaria, que otorgaba préstamos a empresas sin control ni procedimiento alguno, beneficiencia a firmas cercanas al PSOE o exaltos cargos de este partido y la Junta de Andalucía.
Como trasfondo del limbo en el que la Junta tiene esos 1.550 millones en obras adjudicadas, está la escasez de fondos de la administración. Ello ha provocado paralizaciones y reprogramaciones de obras desde hace más de tres años. Sólo a cierre de 2011, los litigios y reclamaciones judiciales y administrativas ante la AOP sumaban 83,4 millones, según el informe.
La Cámara pone ejemplos de actas de reprogramación de contratos no firmadas ni por la AOP ni por los adjudicatarios, como establece la ley, lo que deja la paralización de obras igualmente en un limbo para las empresas privadas. La consejería sólo alega la falta de fondos, pero no cumple el procedimiento establecido para detener los trabajos e indemnizar a los adjudicatarios.
Estos retrasos en las ejecuciones de las obras tienen como consecuencia, por ejemplo, que las obras pendientes del eje transversal ferroviario entre Sevilla y Antequera para comunicar directamente por AVE a la capital andaluza con Málaga -y Granada, cuando el Gobierno central termine la línea entre antequera y la ciudad de la Alhambra-, se posterga más allá de 2017. Los retrasos en obras pendientes de inicio tras adjudicarse alcanzan hasta siete años, mientras que el plazo llega a seis en el caso de trabajos ya empezados y parados.

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