Un juzgado de Madrid ha decidido abrir diligencias contra Zapatero y su entonces ministra de Economía, Elena Salgado.
La primera es que el gobernante nórdico se sentó en el banquillo por negligencia grave al desoír las advertencias sobre la crisis de los bancos islandeses. Zapatero no sólo negó la crisis, sino que puede llegar a ser procesado por ocultar y falsear ante Bruselas las cuentas del déficit.
Este último caso es aún más grave. La segunda diferencia es que Haarde ya ha sido absuelto, y la suerte procesal de Zapatero aún está por ver.
Como revela 'La Gaceta', un juzgado de Madrid ha decidido abrir diligencias contra Zapatero y su entonces ministra de Economía, Elena Salgado, al considerar que puede haber indicios racionales de delito de falsedad en documento público y otro de daños a la economía nacional.
Y los dos, Zapatero y Salgado, como "cooperadores e inductores necesarios".
El juez ha pedido al sindicato Manos Limpias que convierta su denuncia en querella y ha dado traslado del caso a la Fiscalía para que investigue los hechos. Resulta que Zapatero, el optimista antropológico que dijo que estábamos en la Champions League, y Salgado, la ministra de los brotes verdes, incurrieron en un monumental engaño al falsear y ocultar tanto al pueblo español como a Bruselas las cuentas públicas del ejercicio 2011, con un agujero extra de 26.000 millones.
Dijeron que todo estaba en regla, pero era rigurosamente falso. Posteriormente Manos Limpias los denunció por tal motivo, y Eurostat respaldó esa acusación, alegando que se trataba de un fraude masivo y subrayando "no es serio que un Gobierno haga trampas".
Se le abre así un posible frente judicial al líder socialista que pretendía irse de rositas después de dejar España hecha un verdadero erial.
El Código Penal contempla penas de prisión, multa e inhabilitación especial al funcionario público que simule un documento de manera que induzca a error sobre su autenticidad o los que falten a la verdad en la narración de los hechos (art. 390).
Tanto Zapatero como Salgado se sentarían automáticamente en el banquillo si finalmente fueran procesados, ya que ninguno de los dos son ya aforados.
El anterior presidente del Gobierno llevó al paro a cinco millones de españoles; trajo la desgracia a millón y medio de familias; condujo al país al riesgo de la intervención; empujó a la emigración o al hastío a una juventud sin futuro -la mitad está mano sobre mano, lo cual es una tragedia social-; y se rió de 857 víctimas de ETA y de sus familias.
¿Y qué hizo, tras el veredicto de las urnas? Dos cosas que le retratan: excusarse, como un adolescente pillado en una falta, empeñándose en endosar la culpa del desastre, de su desastre, a los mercados, a la crisis, al viento ("tenemos el viento en contra").
El caso era no asumir la responsabilidad que tiene contraída con los españoles. E irse al Consejo de Estado, y percibir dos sueldos del erario público -uno como miembro de esa institución y otro como ex presidente-, lo que da como resultado la bonita suma de 150.000 euros.
Sin contar con su caché de conferenciante internacional, con el que debutó en marzo, cobrando 600.000 euros por dar una charla en la Venezuela de Chávez... ¡y de economía! ¿Cabe mayor sarcasmo?
En lugar de sentarse en el banquillo, el causante de la mayor ruina económica de nuestra Historia, se sienta en un despacho del Consejo de Estado.
Sería de elemental justicia que los tribunales le pusieran en su sitio. En cuestión de semanas tendremos ocasión de saberlo.
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