Según se publica en El Mundo, el ex presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se aseguró una jubilación de oro tras dejar el Gobierno regional. Según informa ‘El Mundo’, Ibarra se acogió al plan de Jubilaciones Voluntarias del PDI (personal docente e investigador) de la Universidad de Extremadura nada más cumplir 61 años y después de impartir apenas dos cursos en dicho centro.
En información elaborada por el periodista extremeño David Vigario, corresponsal de El Mundo en Extremadura, " después de abandonar la Presidencia de la Junta de Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra consiguió, de forma paralela y junto a otros 70 profesores, un retiro dorado: una suculenta prejubilación sin tener siquiera que dar clases en la Universidad hasta alcanzar los 70 años, como marca la normativa ".
Una vez alcanzados los 61 años mínimos, el ex presidente de la Junta de Extremadura, solicitó su jubilación. De esta manera, Ibarra se aseguró por anticipado la pensión máxima. Pero además, empezó a recibir cada mes, sin dar clases, el sueldo íntegro que le correspondía como profesor sin pisar la facultad. El sueldo medio de los profesores de la Universidad de Extremadura está fijado en unos 4.200 euros al mes. A esto hay que sumarle una paga extra como gratificación por no acudir a la Universidad.
Tras abandonar la política en 2007, Ibarra comenzó a dar clases en la Facultad de Derecho, Biblioteconomía y Documentación en Badajoz, después de que la Junta -gobernada por su sucesor, Guillermo Fernández Vara- y la Universidad firmaran un convenio que otorgaba unas prejubilaciones de oro y en exclusiva a 70 docentes dentro del plan de Jubilaciones Voluntarias del PDI. A dicho programa sólo podían acogerse los que hubieran superado los 60 años.
De acuerdo con ‘El Mundo’, Ibarra se dedicó a ponerse al día sin tener una asignatura específica, aunque, posteriormente, empezó a dar clases de Análisis del Discurso periodístico Español e Introducción a la Lingüística. Ibarra apenas impartió dos cursos y el 28 de septiembre de 2009, ya con los 61 cumplidos, el ex presidente solicitó su jubilación.
El Tribunal de Cuentas ha denunciado que las prejubilaciones se concedieron “sin cobertura legal” y que los incentivos que recibieron los profesores se otorgaron de forma discriminatoria. El informe del Tribunal de Cuentas también denuncia que el convenio intenta obviar la limitación del importe máximo de las pensiones que fija cada año la Ley de Presupuestos Generales del Estados, “lo que puede resultar más grave y desde el punto de vista legal y de la solidaridad del sistema de la Seguridad Social”.
Además, en el documento se insta a la Universidad de Extremadura a poner punto y final al plan de jubilaciones, que cerró la entrada a nuevos beneficiarios en 2009, justo el año en que se acogió Ibarra cuando ya tenía la edad mínima para acogerse al programa. Entonces, se firmó un convenio definitivo para otros 10 años, que sólo afectaba a los 70 profesores que se habían acogido al plan de jubilación.
El Gobierno de José Antonio Monago ya ha encargado un informe jurídico para evaluar las consecuencias legales que supondría rescindir de inmediato las pagas extras. De momento, la Junta ya ha reservado 1,2 millones de euros para ese fin.
Mientras, la Universidad de Extremadura afirma que se acogió a estas medidas para paliar el progresivo envejecimiento del personal de los departamentos de investigación del centro y para anticipar el cambio generacional del profesorado “de la forma más racional posible”.
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