Foto:Ayuntamiento de Córdoba
Ante el impago de un ayuntamiento a una empresa privada, el alcalde puede verse responsabilizado de forma directa y responder con sus propios bienes. Así lo establece un auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía del pasado mes de julio, que determina la imposición de "multas coercitivas" sobre los "patrimonios personales" en caso de no cumplir con los pagos.
Esta sentencia se refiere al caso concreto del consistorio de Castilleja de Guzmán, que debe 555.887,37 euros a la empresa de construcción Aroa SL.
Un mes para pagar
El juzgado concedió a Castilleja de Guzmán un plazo de 30 días para saldar la deuda contraída con Aroa, y se basaba en otra sentencia, del 30 de septiembre de 2009, que establecía un incidente de ejecución que ya condenaba al ayuntamiento a abonar el dinero.
De no "cumplir con las obligaciones estipuladas" con la compañía, el alcalde, el socialista Carmelo Ceba, y el secretario general, tendrán que responder con su patrimonio personal.
El gerente de Aroa, Antonio Díaz, emprendió acciones legales para que seis ayuntamientos de la provincia de Sevilla le paguen más de 6 millones de euros por obras públicas ya terminadas. Según indica el empresario, que incluso mantuvo una huelga de hambre durante 46 días, lleva más de once años esperando cobrar estos trabajos.
Además de Castilleja del Guzmán, tienes deudas pendientes con Aroa las localidades de Burguillos, Santiponce, El Real de la Jara, Albaida del Aljarafe y Cazalla de la Sierra.
Ayuntamientos al borde de la quiebra
Recientemente, el diario El Economista informaba de que los ayuntamientos han lanzado un S.O.S. al Gobierno y le han exigido que habilite, "con urgencia", una nueva línea de crédito ICO para facilitar el pago de sus deudas. ¿El motivo? Que su tesorería está en la UVI y centenares de pueblos han iniciado ya un severo ajuste que incluye despidos, rebajas de sueldos, huelgas y servicios bajo mínimos.
El pinchazo de la construcción residencial ha dejado a los municipios en número rojos y un 30% de los consistorios españoles (de un censo total de 8.112) podría ir a la quiebra a finales de este año.
La nueva Ley de Morosidad fija un plazo máximo de 30 días que en las operaciones comerciales para amortizar las deudas.
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