Aunque no existe una Ley formal que encarcele a los dirigentes que critiquen al Gobierno de Hugo Chávez por televisión, la Fiscalía de Venezuela ordenó detener el lunes por la noche al ex gobernador de Zulia, Oswaldo Álvarez Paz, acusado de conspiración, instigación pública a delinquir y difusión de información falsa. Álvarez Paz, que podría ser condenado entre 2 y 16 años de cárcel, enfrenta un juicio por denunciar en la cadena de noticias Globovisión las "relaciones del régimen venezolano con estructuras que sirven al narcotráfico, como las FARC y otras que existen en el continente".
El delito de opinión "no existe en Venezuela", pero lo están "instaurando ahora, por vía, no legal, sino jurisprudencia", dijo este miércoles el alcalde opositor del municipio caraqueño de Baruta, Gerardo Blyde. Esta detención es "sin duda, para crear temor en las declaraciones de cada uno y para crear autocensura", agregó Blyde. Álvarez Paz fue gobernador del estado petrolero de Zulia entre 1989 y 1992, y candidato a la presidencia de la República por el partido socialcristiano COPEI en 1993.
Este dirigente de la oposición, fundador del partido Alianza Popular, comentó que "Chávez debería dar toda la cooperación del mundo, caiga quién caiga" al Gobierno de España para investigar las supuestas conexiones entre ETA y las FARC. El problema, agregó Paz, es que "el que puede caer es el propio Jefe del Estado", si se demostrara la ayuda de las Fuerzas Armadas de Venezuela a estos grupos terroristas.
Santiago Álvarez, hijo del ex candidato presidencial, dijo este miércoles desde el palacio de Justicia que el único delito de su padre fue opinar, y analizar por televisión el auto del juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco.
El diputado chavista Manuel Villalba, presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios de la Asamblea Nacional, encargado de consignar la denuncia ante la Fiscalía General, dijo este miércoles que no se puede acusar al Estado venezolano "sin asumir la responsabilidad". "El ciudadano Álvarez Paz hizo mención que este es un gobierno que tiene complacencias con el narcotráfico, al extremo que nuestro país según él, se constituye en una especie de paraíso para las actividades del narcotráfico”, dijo este miércoles Villalba, en un programa de televisión.
El caso de Álvarez Paz, encarcelado por unas opiniones en televisión, no es el único, pero sí el que más críticas ha suscitado entre los partidos de oposición y las organizaciones de derechos humanos. La Asamblea Nacional pidió el martes a la Fiscalía investigar también al empresario y dueño de Globovisión, Guillermo Zuloaga, por unas declaraciones realizadas durante la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) efectuada en la isla vecina de Aruba, la semana pasada.
El diputado oficialista, Carlos Escarrá, destacó durante la discusión en el hemiciclo el artículo 57 de la Constitución, el cual establece que quién opina es responsable de lo que dice. "La Constitución es suficientemente clara; todos tienen derecho a expresar sus pensamientos y opiniones de viva voz, pero luego dice que quien haga uso de este derecho, es responsable de todo lo expresado. La Constitución no distingue; el que opine, el que informe, será responsable", puntualizó Escarrá.
A finales del año pasado, el periodista Rafael Poleo, editor del periódico El Nuevo País y de la revista Zeta, huyó de Venezuela después de que la Fiscalía le citara a declarar por unas opiniones realizadas en un programa de televisión, cuando dijo que Hugo Chávez terminaría colgado como el dictador italiano Benito Mussolini.
/www.elmundo.es
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