El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha revelado en el Congreso que en este momento se están tramitando en España un total de 730 causas en las que se investiga a cargos públicos por corrupción: 594 procedimientos judiciales y 136 diligencias de investigación de la Fiscalía.
De ellos, 264 son procedimientos penales contra cargos públicos o políticos del PSOE, 200 contra miembros del PP, 43 de Coalición Canaria, 30 de Convergencia i Unió, 24 del Partido Andalucista, 20 de Izquierda Unida, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 5 de Ezquerra Republicana de Catalunya, 3 del Bloque Nacionalista Galego y otros 3 del PNV.
A estos se añaden un procedimiento abierto a un cargo de ANV y otro de Eusko Alkartasuna, además de 67 investigaciones seguidas contra miembros de otros partidos locales, 16 contra imputados independientes y 72 asuntos en los que se desconoce la afiliación política de los investigados.
En su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, Conde Pumpido indicó que estos datos sólo muestran "la imagen de una acción demoledora de la Justicia contra la corrupción, una actuación intensa, inimaginable hace unos años". Eso sí, reconoció que le produjo "cierta preocupación" la pregunta realizada por el PP acerca de las actuaciones iniciadas contra miembros del PP y del PSOE, por "lo lejos de la realidad del Ministerio Fiscal".
"Me causa preocupación porque pone de manifiesto que los fiscales siguen siendo todavía, pese al enorme esfuerzo de transparencia que hemos hecho, grandes desconocidos, incluso en la sede de la soberanía popular", afirmó, para después asegurar que "los fiscales no persiguen a los delincuentes por su afiliación política, sino por los delitos que comete". "Los fiscales seguimos siendo grandes desconocidos", ha lamentado Conde-Pumpido.
Con todo, aseguró entender que a veces "se produzca la percepción subjetiva de que los más próximos son los más perseguidos", aunque remarcó que esa sensación "responde a que lógicamente la información fluye con más agilidad dentro de la propia organización política de que se trate", así como a "la implantación de una u otra fuerza política en las instituciones de un área geográfica determinada".
En concreto, se dirigió al portavoz de Justicia del PP, Federico Trillo, para referirse a las denuncias de "la aparente presión ejercida por la Justicia" en algunas comunidades, como de la que es origen este diputado, Murcia. Conde Pumpido explicó que en esta región hay 14 investigaciones en curso contra miembros del PP, frente a seis en las que los investigados son socialistas, pero pidió que se tenga en cuenta "cúal es la relevante implantación geográfica e histórica del PP en Murcia".
Para contrastarlo, se refirió a Extremadura, donde el número de asuntos penales que se siguen a miembros del PSOE es de 15, mientras que contra miembros del PP es "solamente uno". "Resulta, pues, evidente -argumentó- que la actuación independiente e imparcial de la Justicia afecta por igual a uno u otro grupo político y sólo factores aleatorios como la mayor o menor permanencia en los órganos de Gobierno, o la especial repercusión de algún asunto específicamente relevante, altera dicha percepción".
En cualquier caso, el fiscal general insistió en que en España hay "más de 66.000 concejales y alcaldes, además de 17 asambleas legislativas autonómicas, otros tantos Gobiernos autonómicos, además de los órganos centrales del Estado", con lo que "no llega al uno por ciento el número de los responsables públicos de este país que en su vida han hecho algo que merezca la sospecha de un juez o un fiscal".
En su opinión, no se puede decir que en la actualidad la corrupción es "un fenómeno generalizado", sino más bien que "ahora más que nunca, las alarmas y los resortes del Estado de Derecho están funcionando correctamente, como nunca antes había funcionado".
También reconoció que "todo es mejorable", pero insistió en que lo más importante "no son grandes propuestas, ni decálogos, ni nuevas ideas geniales para luchar contra la corrupción", sino que "la mejor aportación posible" es "dotar de medios y dejar trabajar a la Policía y a la Justicia". "Los aplausos entusiastas para policías, jueces y fiscales que se convierten en agrias críticas en función de que los investigados sean ajenos o propios, tampoco ayudan. Lo que hace falta es, simplemente dejar de trabajar a quienes se enfrentan a la corrupción cada día", insistió.
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