CÓRDOBA. La titular de Juzgado de Instrucción número 7 de Córdoba tiene la investigación del «caso Torreblanca» muy avanzada, al punto de que ya se ha puesto en contacto con la Fiscalía de Córdoba para que emita su pertinente informe sobre la causa que afecta a cuatro agentes de la Policía Local.
La opinión del fiscal será decisiva de cara a la apertura del juicio contra los funcionarios. Tras desvelar este periódico la construcción de chalés ilegales en la parcelación de Torreblanca, el fiscal remitió el caso al juzgado al detectar, a raíz de las pesquisas del Ayuntamiento, que estos agentes, adscritos al departamento de Inspección Urbanística, podrían haber manipulado supuestamente actas de inspección, eliminado archivos de denuncias de infracciones urbanísticas y falsificado una firma.
Después de varios aplazamientos, los cuatro efectivos de la Policía Local declararon el pasado 13 de marzo ante el juzgado. Su testimonio constituye una piedra angular en las pruebas que se han ido recabado durante el proceso de instrucción. Entre los llamados a declarar no ha estado el escolta de Rosa Aguilar en su etapa municipal, quien también tenía una casa en la misma parcela donde un matrimonio de agentes se edificó sin permiso su chalé. Tampoco ha sido citado ningún responsable político, lo que no quita que, si llega a juicio, pueda llamarse a declarar a algún miembro de la Corporación o funcionario en calidad de testigo.
El caso está ahora en manos del fiscal, que puede solicitar al juzgado que se recopilen más pruebas o bien acusar de supuestos delitos a los agentes involucrados, según informaron a ABC fuentes judiciales. Cabe recordar que el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, realizó unas diligencias en las que halló indicios de que falsearon y eliminaron supuestamente expedientes y denuncias que afectaban a dos casas -la del referido matrimonio de agentes y la del escolta de la ex alcaldesa- en la urbanización Torreblanca.
En las diligencias del ministerio fiscal se han examinado otras conductas sin trascendencia penal, como la construcción de los inmuebles al margen del planeamiento urbanístico.
La opinión del fiscal será decisiva de cara a la apertura del juicio contra los funcionarios. Tras desvelar este periódico la construcción de chalés ilegales en la parcelación de Torreblanca, el fiscal remitió el caso al juzgado al detectar, a raíz de las pesquisas del Ayuntamiento, que estos agentes, adscritos al departamento de Inspección Urbanística, podrían haber manipulado supuestamente actas de inspección, eliminado archivos de denuncias de infracciones urbanísticas y falsificado una firma.
Después de varios aplazamientos, los cuatro efectivos de la Policía Local declararon el pasado 13 de marzo ante el juzgado. Su testimonio constituye una piedra angular en las pruebas que se han ido recabado durante el proceso de instrucción. Entre los llamados a declarar no ha estado el escolta de Rosa Aguilar en su etapa municipal, quien también tenía una casa en la misma parcela donde un matrimonio de agentes se edificó sin permiso su chalé. Tampoco ha sido citado ningún responsable político, lo que no quita que, si llega a juicio, pueda llamarse a declarar a algún miembro de la Corporación o funcionario en calidad de testigo.
El caso está ahora en manos del fiscal, que puede solicitar al juzgado que se recopilen más pruebas o bien acusar de supuestos delitos a los agentes involucrados, según informaron a ABC fuentes judiciales. Cabe recordar que el fiscal jefe de Córdoba, José Antonio Martín-Caro, realizó unas diligencias en las que halló indicios de que falsearon y eliminaron supuestamente expedientes y denuncias que afectaban a dos casas -la del referido matrimonio de agentes y la del escolta de la ex alcaldesa- en la urbanización Torreblanca.
En las diligencias del ministerio fiscal se han examinado otras conductas sin trascendencia penal, como la construcción de los inmuebles al margen del planeamiento urbanístico.
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