¿Por qué hace cinco años se mostraba Sánchez contrario al indulto y hoy no ve impedimento para que Puigdemont vuelva a España con honores?
Fui uno de los millones de españoles que salimos a la calle para pedir la amnistía tras la muerte de Franco. Aquellas movilizaciones fueron impulsadas por el PSOE y el PC, cuyo objetivo era que los presos de la izquierda no volvieran a la cárcel y que desaparecieran las causas contra quienes lucharon contra el régimen. Adolfo Suárez aprobó una amnistía por decreto en 1976, considerada insuficiente por la oposición. Al año siguiente, el Congreso dio luz verde a una ley que establecía la imposibilidad de exigir responsabilidad penal por «los actos de intencionalidad política».
No fue un borrón y cuenta nueva ni una norma para exculpar a los franquistas de sus delitos, como sostiene Podemos, sino una iniciativa para que la democracia pudiera nacer sin los lastres del pasado. Dicho con otras palabras, fue un acto de reconciliación. Era el hito que simbolizaba la transición pacífica de una dictadura a una democracia.
La amnistía que reivindica ahora el independentismo catalán tiene otro carácter bien distinto y no está motivada por ese deseo de reconciliación. Es sencillamente la exigencia de impunidad a cambio del apoyo de siete diputados. Es, por tanto, una transacción nacida del interés de las dos partes, que sólo se está planteando por una cuestión de gobernabilidad y no atendiendo al interés nacional. Casi da vergüenza subrayar algo tan obvio. Al igual que resulta inaceptable para la gran mayoría que un prófugo pueda chantajear al Gobierno.
Hay estos días un debate jurídico sobre la constitucionalidad de la amnistía. Sus partidarios argumentan que no está prohibida expresamente en la Constitución y que lo que no está prohibido está permitido por la ley. Me parece un razonamiento muy pobre porque la Carta Magna veta «los indultos generales». La jurisprudencia establece que deben ser individualizados y motivados. Esta amnistía es lo más parecido a un indulto general.
Resulta absurdo sostener que quien no puede lo menos puede lo más. Es obvio que los padres de la Constitución nunca pensaron en la posibilidad de amnistía porque sencillamente en una democracia eso es impensable. Y menos aún cuando quienes han delinquido se reafirman en su voluntad de repetir sus comportamientos. Si sale adelante la medida, se estará no sólo burlando el espíritu de la ley sino además concediendo la impunidad a quienes desobedecieron las advertencias de la Justicia e hicieron tabla rasa de las reglas de juego.
El mensaje que va a quedar, si prospera, es que cualquier delito, por muy grave que sea, puede ser perdonado a cambio de unos votos. Y que la obtención del poder justifica un fraude de ley. Solamente una sencilla pregunta para el presidente: ¿por qué hace cinco años se mostraba contrario al indulto y hoy no ve impedimento para que Puigdemont vuelva a España con todos los honores?
