miércoles, 30 de mayo de 2018

CASO FILESA,La trama ilegal que usó el PSOE para financiarse

CASO FILESA
La trama ilegal que usó el PSOE para financiarse
Un senador y un diputado socialistas, junto a otras personas del partido, pusieron en marcha en la segunda década de los 80 un entramado empresarial con el objetivo de recaudar dinero para el PSOE de manera ilegal. En poco más de dos años amasaron unos 1.000 millones de pesetas, hasta que el escándalo fue conocido y todos acabaron condenados y en la cárcel
Por Agustín Yanel
Alguien debió pensar en el PSOE, allá por la segunda mitad de la década de los 80, que había encontrado la fórmula mágica para financiar al partido y para hacer frente a los cuantiosos gastos que se avecinaban con motivo de la campaña electoral de 1989: pedir muchos millones de pesetas a grandes empresas y bancos, a cambio de concederles determinados servicios y privilegios.Pero ese alguien no podía ni siquiera imaginar entonces que, años más tarde, un contable despechado iba a desvelar todo el montaje. El resultado fue, en 1997, ocho personas condenadas a penas de entre seis meses y 11 años de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista.

El 29 mayo de 1991, cuando vieron la portada de EL MUNDO, muchos dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno se echaron a temblar.Otros reaccionaron como acostumbraban a hacerlo, descalificando a este periódico. «Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales», titulaba este diario en su portada, a cinco columnas. «Sociedades ligadas al PSOE cobran cientos de millones por 'asesorar' a empresas y bancos con informes inexistentes», se leía en otro título en páginas interiores.
En primera fila, Alberto Flores, Carlos Navarro y Luis Oliveró, y detrás Aída Álvarez, fotografiados el 3 de septiembre de 1997 en una sesión del juicio. / EL MUNDO
El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, no esperó ni un minuto. Aquella misma mañana, nada más leer la información de este diario, envió una fotocopia de la misma al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y le ordenó que iniciara una investigación.
La trama empresarial que pusieron en marcha varias personas del PSOE y de su entorno, para financiar al partido a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export -que recaudó unos 1.000 millones de pesetas sólo entre 1988 y 1990-, se conoció gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas.
Mientras desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó.
Pasaba el tiempo y el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado empresarial, en el que también participaba el diputado socialista Carlos Navarro -casado con una sobrina de Luis Oliveró-. Entonces pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía.EL MUNDO se tomó muy en serio la investigación.
La tramitación de este sumario la llevó a cabo el Tribunal Supremo, porque estaba implicado en el caso el senador socialista Josep Maria Sala. El magistrado Marino Barbero instruyó durante varios años un proceso judicial en el que adoptó algunas decisiones llamativas y también polémicas: registró la sede del Banco de España, la del BCH en Barcelona y la federal del PSOE, en busca de documentos; interrogó a los máximos directivos de los principales bancos y estuvo a punto de registrar la sede del Tribunal de Cuentas, aunque al final todo quedó en que volvió a pedir los informes sobre las cuentas del Partido Socialista. Varios acuerdos suyos fueron recurridos por el fiscal general del Estado. La posterior dimisión de Barbero dejó este caso en manos del magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo.
El día 22 de marzo de 1993, los peritos de Hacienda entregaron un informe al magistrado Barbero y a las partes que intervenían en este sumario, en el que confirmaban las informaciones publicadas por EL MUNDO. Indicaban en él que Filesa había pagado a otras empresas por bienes y servicios cuyo destinatario era el PSOE, y que los informes técnicos sobre las más diversas materias -por los que bancos y grandes empresas habían pagado unos 1.000 millones de pesetas- nunca fueron realizados.
Tras casi seis años de investigación, en septiembre de 1997 se celebró el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente del Gobierno Felipe González. También tuvieron que desfilar por el Tribunal Supremo los presidentes de importantes bancos españoles y grandes empresas.
El 28 de octubre, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia en la que condenaba a 11 años de cárcel al ex diputado socialista Carlos Navarro; tres al senador Josep Maria Sala; 10 años para Luis Oliveró y Alberto Flores -dueños de Filesa-; dos años y cuatro meses para Aída Alvarez -ex coordinadora de Finanzas del PSOE- y para su compañero, Miguel Molledo, y seis meses de arresto para los empresarios Juan Antonio Molina Vivas (Enasa) y Eugenio Marín (Cepsa).
El entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente disculpas a los militantes y votantes de su partido.
En junio de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos.Unicamente rebajó de tres a dos años la pena del ex senador Sala y confirmó las demás condenas.
El Constitucional demostró que, en contra de las críticas del PSOE, la información que había publicado este diario sobre ese caso de corrupción política era veraz.


INFORMES INEXISTENTES PAGADOS COMO EL OROAunque Filesa y Time Export tenían sólo a seis personas en plantilla, decían que podían asesorar a los principales bancos y a grandes empresas sobre los asuntos más complejos. Dijeron que habían elaborado informes, siempre a precio de oro, sobre las más diversas materias: al Banco Central le cobraron 83 millones de pesetas por un estudio «sobre los procesos de la fusión bancaria»; a la petrolera Cepsa, 85,6 millones de pesetas por otro sobre «la evolución petroquímica en la Comunidad Económica Europea»; al Banco Bilbao Vizcaya, 42 millones por la primera parte de un informe para «la instalación de un sistema de leasing para contenedores»; a Fomento de Obras y Construcciones, por «el asesoramiento relativo al establecimiento de una empresa constructora en Francia», le facturaron 29 millones. Según las facturas que publicó EL MUNDO, esas dos pequeñas empresas de Barcelona asesoraban a los principales bancos sobre asuntos bancarios y a las grandes constructoras sobre temas de construcción. Pero ninguno de esos informes, a pesar de su elevado precio, fue entregado al Tribunal Supremo porque habían desaparecido. Unos dijeron que los había encargado un directivo del banco ya fallecido, y no guardaron copia; otros, que se habían perdido. El Tribunal Supremo no se lo creyó y sentenció que todo había sido una trama para financiar de manera ilegal al PSOE.
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1 comentario:

marcia dijo...

Bom final de semana...