CASO FILESA,La trama ilegal que usó el PSOE para financiarse

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CASO FILESA La trama ilegal que usó el PSOE para financiarse Un senador y un diputado socialistas, junto a otras personas del partido, pusieron en marcha en la segunda década de los 80 un entramado empresarial con el objetivo de recaudar dinero para el PSOE de manera ilegal. En poco más de dos años amasaron unos 1.000 millones de pesetas, hasta que el escándalo fue conocido y todos acabaron condenados y en la cárcel Por Agustín Yanel Alguien debió pensar en el PSOE, allá por la segunda mitad de la década de los 80, que había encontrado la fórmula mágica para financiar al partido y para hacer frente a los cuantiosos gastos que se avecinaban con motivo de la campaña electoral de 1989: pedir muchos millones de pesetas a grandes empresas y bancos, a cambio de concederles determinados servicios y privilegios.Pero ese alguien no podía ni siquiera imaginar entonces que, años más tarde, un contable despechado iba a desvelar todo el montaje. El resultado fue, en 1997, ocho personas condenadas a penas de entre seis meses y 11 años de prisión, entre ellas un ex senador y un ex diputado del Partido Socialista. El 29 mayo de 1991, cuando vieron la portada de EL MUNDO, muchos dirigentes del PSOE y miembros del Gobierno se echaron a temblar.Otros reaccionaron como acostumbraban a hacerlo, descalificando a este periódico. «Sociedades del PSOE cobran cientos de millones a grandes empresas y luego pagan gastos electorales», titulaba este diario en su portada, a cinco columnas. «Sociedades ligadas al PSOE cobran cientos de millones por 'asesorar' a empresas y bancos con informes inexistentes», se leía en otro título en páginas interiores. En primera fila, Alberto Flores, Carlos Navarro y Luis Oliveró, y detrás Aída Álvarez, fotografiados el 3 de septiembre de 1997 en una sesión del juicio. / EL MUNDO El fiscal general del Estado, Leopoldo Torres, no esperó ni un minuto. Aquella misma mañana, nada más leer la información de este diario, envió una fotocopia de la misma al fiscal jefe del Tribunal de Cuentas y le ordenó que iniciara una investigación. La trama empresarial que pusieron en marcha varias personas del PSOE y de su entorno, para financiar al partido a través de las sociedades Filesa, Malesa y Time Export -que recaudó unos 1.000 millones de pesetas sólo entre 1988 y 1990-, se conoció gracias a la denuncia que realizó Carlos Van Schouwen a EL MUNDO y a El Periódico de Catalunya. Este ciudadano chileno se exilió en 1973 a México y allí conoció a Luis Oliveró. Años después, cuando ambos residían en Barcelona, Oliveró, que era uno de los dueños de esas empresas, le ofreció que se encargara de la contabilidad de las mismas. Mientras desarrollaba ese trabajo, Van Schouwen se percató de que podía ser un buen negocio la importación de contenedores desde Rumania a España, para venderlos después o alquilarlos con opción a compra. Se lo planteó a su amigo Oliveró y éste aceptó. Pasaba el tiempo y el contable empezó a ver demasiadas cosas sospechosas en ese entramado empresarial, en el que también participaba el diputado socialista Carlos Navarro -casado con una sobrina de Luis Oliveró-. Entonces pidió que le pagaran los 25 millones de pesetas que habían pactado por el negocio de importar contenedores, para dejar su trabajo. Como no cobró, presentó una demanda y, además, acudió a los periódicos para contar todo lo que sabía.EL MUNDO se tomó muy en serio la investigación. La tramitación de este sumario la llevó a cabo el Tribunal Supremo, porque estaba implicado en el caso el senador socialista Josep Maria Sala. El magistrado Marino Barbero instruyó durante varios años un proceso judicial en el que adoptó algunas decisiones llamativas y también polémicas: registró la sede del Banco de España, la del BCH en Barcelona y la federal del PSOE, en busca de documentos; interrogó a los máximos directivos de los principales bancos y estuvo a punto de registrar la sede del Tribunal de Cuentas, aunque al final todo quedó en que volvió a pedir los informes sobre las cuentas del Partido Socialista. Varios acuerdos suyos fueron recurridos por el fiscal general del Estado. La posterior dimisión de Barbero dejó este caso en manos del magistrado del Supremo Enrique Bacigalupo. El día 22 de marzo de 1993, los peritos de Hacienda entregaron un informe al magistrado Barbero y a las partes que intervenían en este sumario, en el que confirmaban las informaciones publicadas por EL MUNDO. Indicaban en él que Filesa había pagado a otras empresas por bienes y servicios cuyo destinatario era el PSOE, y que los informes técnicos sobre las más diversas materias -por los que bancos y grandes empresas habían pagado unos 1.000 millones de pesetas- nunca fueron realizados. Tras casi seis años de investigación, en septiembre de 1997 se celebró el juicio, en una de cuyas sesiones declaró como testigo el ex presidente del Gobierno Felipe González. También tuvieron que desfilar por el Tribunal Supremo los presidentes de importantes bancos españoles y grandes empresas. El 28 de octubre, el Tribunal Supremo dio a conocer la sentencia en la que condenaba a 11 años de cárcel al ex diputado socialista Carlos Navarro; tres al senador Josep Maria Sala; 10 años para Luis Oliveró y Alberto Flores -dueños de Filesa-; dos años y cuatro meses para Aída Alvarez -ex coordinadora de Finanzas del PSOE- y para su compañero, Miguel Molledo, y seis meses de arresto para los empresarios Juan Antonio Molina Vivas (Enasa) y Eugenio Marín (Cepsa). El entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió públicamente disculpas a los militantes y votantes de su partido. En junio de 2001, el Tribunal Constitucional resolvió los recursos.Unicamente rebajó de tres a dos años la pena del ex senador Sala y confirmó las demás condenas. El Constitucional demostró que, en contra de las críticas del PSOE, la información que había publicado este diario sobre ese caso de corrupción política era veraz. INFORMES INEXISTENTES PAGADOS COMO EL OROAunque Filesa y Time Export tenían sólo a seis personas en plantilla, decían que podían asesorar a los principales bancos y a grandes empresas sobre los asuntos más complejos. Dijeron que habían elaborado informes, siempre a precio de oro, sobre las más diversas materias: al Banco Central le cobraron 83 millones de pesetas por un estudio «sobre los procesos de la fusión bancaria»; a la petrolera Cepsa, 85,6 millones de pesetas por otro sobre «la evolución petroquímica en la Comunidad Económica Europea»; al Banco Bilbao Vizcaya, 42 millones por la primera parte de un informe para «la instalación de un sistema de leasing para contenedores»; a Fomento de Obras y Construcciones, por «el asesoramiento relativo al establecimiento de una empresa constructora en Francia», le facturaron 29 millones. Según las facturas que publicó EL MUNDO, esas dos pequeñas empresas de Barcelona asesoraban a los principales bancos sobre asuntos bancarios y a las grandes constructoras sobre temas de construcción. Pero ninguno de esos informes, a pesar de su elevado precio, fue entregado al Tribunal Supremo porque habían desaparecido. Unos dijeron que los había encargado un directivo del banco ya fallecido, y no guardaron copia; otros, que se habían perdido. El Tribunal Supremo no se lo creyó y sentenció que todo había sido una trama para financiar de manera ilegal al PSOE. El gráfico con las corrupciones del PSOE andaluz que borra la sonrisa a Sánchez

El gráfico de las corrupción del PSOE

Los lazos con el separatismo del banco que concedió el crédito a Iglesias

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La entidad bancaria no es otra que Caja de Ingenieros, una de los escasos bancos que no ha abandonado Cataluña tras el intento de golpe de Estado del 1 de octubre. Un grupo muy cercano a Òmnium Cultural (OC), pues el actual número dos de la entidad separatista, Joan Vallvé, ocupa un puesto en el Patronato de su Fundación. Además Caja de Ingenieros fue la encargada de mantener las denominadas “cajas de solidaridad” de las entidades soberanistas destinadas a sufragar los gastos del referéndum ilegal del 9-N, y más tarde de las fianzas de los golpistas. Vallvé fue clave para convencer a Jordi Cuixart y a la otra gran entidad soberanista, la Asamblea Nacional Catalana (ANC), acerca de las bondades de la Caja de Ingenieros para gestionar sus fondos.

Torra rectifica y quita a los consejeros presos o huidos de su Govern

El nombramiento se produce después de que el Gobierno anunciara que no publicaría los nombres en el DOGC.

Torra firmando el nombramiento de los nuevos consejeros. Generalitat

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha rectificado este martes sus nombramientos iniciales y ha dibujado un nuevo Govern del que ha suprimido los cuatro consejeros huidos o presos: Jordi Turull, Josep Rull, Lluís Puig y Toni Comín.

La remodelación del Govern ha permitido a Torra nombrar también un gobierno más paritario, con seis mujeres y ocho hombres. Así, Elsa Artadi, será la consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno catalán en lugar de Jordi Turull; La cartera que se le asignó inicialmente, Empresa y Conocimiento, pasará a manos de Àngels Chacón.

Damià Calvet, también diputado de Junts per Catalunya llevará la cartera de Territorio inicialmente asignada a Josep Rull. Por su parte, la parlamentaria de la misma formación, Laura Borràs, será la consejera de Cultura en sustitución de Lluis Puig, huido en Bélgica. Finalmente, la secretaria cuarta de la Mesa del Parlament, Alba Vergès, será la consejera de Salud y relevará a Toni Comín, también huido en Bruselas.

El nombramiento de los nuevos consejeros se ha producido después de que el Gobierno del PP anunciara que no pensaba publicar en el Diari Oficial de la Generalitat los nombres iniciales propuestos por Quim Torra por considerar que no se ajustaban a la legalidad.

Los nuevos nombramientos provocan cambios en las carteras que se habían asignado inicialmente. El más destacado es el que afecta a Elsa Artadi, que inicialmente tenía que ser consejera de Empresa y finalmente lo será de Presidencia, con lo que se convertirá en mano derecha del presidente Quim Torra. Artadi es también una de las correas de transmisión más directas entre el expresidente Carles Puigdemont, huido en Berlín, y el nuevo gobierno catalán.

El Pais

Podemos quiere subir un 75% el IBI a las viviendas desocupadas

Podemos ha registrado una proposición de ley en el Congreso de los Diputados en la que propone penalizar con una subida del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 50 al 75 por ciento a aquellas viviendas que se encuentren desocupadas.

El partido de Pablo Iglesias insta a una modificación de la Ley de Haciendas Locales, en su artículo 72, para recoger este recargo.

“Los ayuntamientos podrán exigir un recargo de entre el 50 al 75% por ciento de la cuota líquida del impuesto. Dentro de dicho margen, los ayuntamientos podrán mediante Ordenanza determinar un recargo único, o bien distintos, en función del número de años de desocupación del inmueble, del valor catastral de la vivienda y del número de viviendas en tal situación propiedad del sujeto pasivo”, se lee en el texto.

Este gravamen afectará a las viviendas “que, en condiciones legales y materiales para poder ser ocupadas como uso residencial privado y no afecta a actividad económica, permanezcan en situación de desocupadas de forma continuada durante un tiempo superior a un año o a 22 meses, alternos o continuos, en un período de dos años, salvo que el sujeto pasivo pueda motivadamente justificar su no ocupación, por razones laborales, de conciliación familiar, de salud, dependencia, emergencia social, y de acuerdo con los requisitos, medios de prueba y procedimiento que establezca la Ordenanza municipal correspondiente”.

La formación morada propone vigilar que estas viviendas están efectivamente en esa situación de acuerdo a “datos del padrón municipal así como los consumos de servicios (agua, electricidad, etc)”.

Igualmente, la misma proposición recoge la posibilidad de ‘bonificaciones’ de hasta el 90 por ciento de la cuota “en los casos de sujetos pasivos que acrediten una situación económica desfavorable, de insuficiencia en las rentas familiares”. La reducción dependerá, entre otros criterios,  “del valor catastral del inmueble”.

La iniciativa supone otro paso en la cruzada de Podemos contra la propiedad privada. En otra proposición, reciente, la formación de Iglesias obliga a los propietarios a renovar un contrato de alquiler, aún cuando la necesite para vivir, si tiene otras en propiedad. La iniciativa exige además al propietario demostrar “fehacientemente” que necesita hacer uso de su propiedad.

Otra de las propuestas del partido contempla la posibilidad de que los municipios, en coordinación con sus comunidades autónomas, puedan declarar áreas urbanas de mercado de vivienda “tensionado” para poder implementar en ellas una regulación de precios que contenga las subidas “abusivas” de los alquileres. Es decir, regular por ley el precio del alquiler. En el caso de Madrid y Barcelona -ambos gobernados por candidaturas de Podemos- los ayuntamientos tendrán la competencia para regular esos precios.

UN TÍTERE XENÓFOBO

Nos dice el diccionario de la Real Academia Española que “títere” es, en su primera acepción, un muñeco que se mueve por hilos o por medio de otro procedimiento. En su segunda acepción afirma que es persona que se deja manejar y, en lenguaje coloquial indica que se utiliza para referirse a persona que actúa con ligereza o sin fundamento. Dicho diccionario indica que el término xenófobo se emplea para referirse a una persona que siente o manifiesta xenofobia, es decir, aversión exagerada a los extranjeros.
¿Es el flamante presidente de la Generalitat un títere xenófobo como lo han calificado en algunos medios de comunicación?
Si títere es persona que actúa sin fundamento o es la que se deja manejar, no parece que haya muchas dudas. Poco fundamento tienen las afirmaciones de Joaquín Torra cuando se ha referido a España y a los españoles, sin hacer distinciones, todos en un mismo lote, tildándolos con calificativos obscenos. Ha afirmado que “España ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente hablando. Todo lo que ha sido tocado por los españoles ha sido fuente de discriminaciones raciales… a sus hijos les ha dejado la peor de las herencias, una identidad contrahecha, una memoria estirpada y subordinación mental” Tales perlas no merecen mayores comentarios, pero resulta evidente su carencia de fundamento. Otras “perlas”, referidas a todo un pueblo, son aún más insultantes. En ellas expresa su pensamiento sobre la materia y fueron borradas cuando se planteó la posibilidad de que Puigdemont había dado su nombre como elegible por los independentistas. Pero quedó el rastro. Por lo tanto no hay muchas dudas de que dice cosas sin fundamento y que es persona que actúa con ligereza por lo que en lugar de sostener lo que afirma, lo borra tratando de ocultarlo. Respecto a que es  persona que se deja manejar, todo apunta en esa dirección. Ha dicho en su discurso de investidura que el presidente es el fugado de la justicia, lo que lo coloca en posición vicaria. Por si ello no fuera suficiente, su primera decisión como presidente ha sido trasladarse a Berlín para visitar a quien considera el presidente. ¿Para consultarle la formación de gobierno? ¿Para recibir instrucciones? ¿Para rendirle pleitesía?
Por lo que respecta a ser xenófobo. Tampoco existen dudas si tenemos en cuenta las afirmaciones que hace sobre los españoles –a los que nos considera extranjeros-, lo que incluye a los magrebíes, a los negros con quienes nos relaciona despectivamente desde una perspectiva racial. He aquí una de sus reflexiones: “Sales a la calle y nada indica que lo sea la calle de tus padres o de tus abuelos. El castellano avanza implacable, voraz, rapidísimo…y te hablan de cosas que nada tienen que ver contigo y tu mundo; el talento es perseguido y expulsado de todas partes….” Se ha referido a los españoles de forma indeseable como el mayor de los xenófobos. Ha dicho de los catalanes que hablan castellano son “víboras, hienas, bestias conforma humana”
Sentado su carácter de títere y xenófobo de persona que ocupa un cargo público, como representante del estado español en una comunidad autónoma, lo mínimo que habría que exigirle al tal Torra es que dimita de forma inmediata. Quien tiene semejantes ideas no puede gobernar ni una comunidad de vecinos.
¿Se imaginan que se le exigiría a cualquier otro político, sin distinción de ideologías, que sostuviera lo que afirma este sujeto?

JoséCalvoPoyato

Las juras de bandera se duplican en Cataluña desde el 1-O

Verdadera Izquierda

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Si fuese necesario, a día de hoy hay en Barcelona 600 personas que no dudarían ni un momento en entregar su vida en defensa de su país. El pasado 12 de mayo en el cuartel general del Bruc, en Barcelona, estos jurandos prometieron o juraron «guardar la Constitución» como norma fundamental, honrar a la patria y mostrarán su lealtad al Rey Felipe VI. Una promesa que reafirmaron precisamente en la capital de Cataluña, donde el desafío independentista que pretende separar al 54,1% de catalanes que no se siente nacionalista, y al 38,2% que se siente en la misma proporción español que catalán, según la última encuesta del CIS. Una jura de bandera –la segunda tras el referéndum ilegal– que llegó tras constatar que el mundo del independentismo no llega a ningún acuerdo para investir nuevo president, tras las pasadas elecciones del 21 de diciembre. La cifra de 600 jurandos civiles que sellaron su promesa con su país duplica el número de personas que lo hicieron justo antes de que se celebrara el referéndum ilegal del 1 de octubre. Exactamente 300 civiles iniciaron su compromiso patriótico el pasado 23 de septiembre a las puertas del Castillo de San Fernando de Figueras (Gerona). Aunque la desafiante fecha de la consulta catalana atenazaba ya a los catalanes, la celebración fue todo un éxito, según los organizadores de la jura. Este ejercicio de lealtad hacia la Constitución y la bandera española donde los jurandos civiles profesaron su amor por España fue el segundo en celebrarse desde el 1 de octubre. Precisamente, el mismo día que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy cesaba a Carles Puigdemont y a todos los miembros de su Govern y limitaba las funciones del Parlament de acuerdo a la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, 147 civiles juraban bandera en la Academia General Básica de Suboficiales de Talarn (Lérida). Con la mirada puesta en el pasado, las cifras de las juras de bandera también fueron altas en Barcelona antes de producirse el desafío independentista. En junio de 2015, 600 personas mostraban también su lealtad al Rey. El año pasado, en mayo, la misma cifra de civiles prometía fidelidad a la bandera rojigualda en el mismo lugar

Sánchez no concreta sus planes al comité federal sobre cuándo convocaría elecciones

Los barones socialistas piden que no haya "acuerdos ni concesiones" a los independentistas.

Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Pedro Sánchez, Cristina Narbona y Adriana Lastra en el comité federal del PSOE

Una sola frase resume la estrategia del PSOE con la moción de censura que ha presentado contra Mariano Rajoy. Pedro Sánchez quiere enfrentar al resto de formaciones políticas a una disyuntiva, la de si quieren permitir o no la continuidad de un presidente afectado por la corrupción. Por eso no va a negociar con ningún partido su apoyo. El líder del PSOE lo ha expresado en su discurso este lunes ante el comité federal del partido, reunido para discutir y avalar la iniciativa ya presentada. "La pregunta que se tienen que hacer los 350 diputados es muy sencilla: si después de la sentencia de la trama Gürtel, Mariano Rajoy puede seguir siendo presidente, sí o no", ha retado Sánchez. El líder socialista no ha concretado sus planes sobre la fecha de las elecciones al comité federal, mientras los presidentes socialistas de Andalucía, Susana Díaz, y Castilla La- Mancha, Emiliano García Page, le han pedido que no haya ni acuerdos ni concesiones con los independentistas.

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"Gürtel era el PP y el PP era Gürtel", ha resumido el líder socialista ante los 260 dirigentes presentes en el comité federal, máximo órgano entre congresos, reunido en la sede del partido en Ferraz. Sánchez ha explicado a su partido las razones para la moción de censura, que no estaba en sus planes, les ha confesado. "Pero la realidad judicial es la que es. Esta moción no es más que una respuesta constitucional a una emergencia institucional. No la ha creado el PSOE".

"Si se ha presentado esta moción de censura es simple y llanamente porque Mariano Rajoy no ha asumido su responsabilidad de dimitir como presidente", ha enfatizado el líder del PSOE.

Sánchez no ha especificado sus planes concretos al comité federal. Sí, que su hoja de ruta se sustancia en tres pilares: censura, estabilidad y elecciones. Pero no ha despejado la incógnita de cuándo se celebrarían esos comicios. En un discurso de algo más de veinte minutos, el líder del PSOE ha apelado a los 350 diputados, por lo tanto sin excluir de nuevo a los independentistas, aunque ha enfatizado que su Gobierno, si prosperara la moción "garantizará el orden constitucional". 

Los presidentes autonómicos socialistas han cerrado filas con la moción de censura, pero han dejado una advertencia clara sobre que el posible apoyo de los independentistas a esta iniciativa liderada por el PSOE no puede comportar ninguna concesión a quienes quieren "destruir el país", en palabras de Susana Díaz, presidenta de Andalucía. 

La presidenta andaluza ha sido la más explícita en la advertencia, pero lo ha hecho subrayando al mismo tiempo que ese es el compromiso expresado también por la dirección federal. "Comparto con la dirección federal que no puede haber ni acuerdos ni concesiones con los independentistas", ha manifestado a su llegada al comité, y en la misma línea en su intervención dentro del órgano. "Quienes quieren destruir el país no pueden ser parte de la solución", ha subrayado.  El presidente de Castilla La- Mancha, Emiliano García Page, se ha pronunciado en términos similares: "No solo no contamos con los independentistas, no podemos apostar por un Gobierno pendiente de los independentistas".

El comité ha dado respaldo por unanimidad a la moción de censura contra Rajoy, aunque no se ha votado ni emitido una resolución.

Declaraciones de Susana Díaz y Miquel Iceta, en Ferraz, este lunes.

El Pais