Los tribunales no detienen las investigaciones abiertas y se suceden las sentencias, aperturas de diligencias o de nuevos juicios para esclarecer el caso de corrupción más grande de España, el de los expedientes de regulación de empleo (ERE), a través del cual se utilizaban ayudas y subvenciones de la Junta para beneficiar empresas afines, sindicatos, amigos y afiliados del PSOE.
El anuncio ahora llega de la Audiencia de Sevilla que ha fijado para el mes de septiembre de este año las sesiones del juicio de una pieza separada de estos ERE, en el que se investigan los casi 1,5 millones de euros concedidos por el que fuera director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, a su exchófer Juan Francisco Trujillo, y que supuestamente se destinó a la compra de cocaína, copas y antigüedades.
Las sesiones serán los días 5, 9, 14, 15, 16, 23 y 30 de septiembre según se recoge en la diligencia emitida el 21 de marzo. La causa se dirige contra Francisco Javier Guerrero, sin embargo el exdirector falleció en octubre de 2020; por lo que se tendrán que sentar ante el juez: Juan Francisco Trujillo; el administrador de una de las empresas del exchófer, Isidoro Ruz Espigares; y el que fuera directivo de Vitalia, Antonio Albarracín, este último ya fue condenado por la pieza separada relativa a las subvenciones autonómicas concedidas a la empresa de Dos Hermanas Aceitunas y Conservas (Acyco).
De cara al juicio, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido 14 años de cárcel, 30 años de inhabilitación y el pago de una indemnización de 1.475.028 euros para el exchófer de Guerrero, mientras que solicita seis años y tres meses de cárcel para Isidoro Ruz Espigares y seis años de prisión para Albarracín.
Cabe recordar que el exchófer fue el único condenado en el juicio de los ERE por fraude fiscal que cumplió condena, frente a los otros diez ex altos cargos de la Junta que no han pisado la cárcel, a pesar de recibir sentencias con penas de prisión.
Los gastos en 'vicios' que salpicarán al PSOE en plena campaña
El PSOE de Andalucía tiene por delante unos meses en los que tendrán que dar muchas explicaciones o, por el contrario, mantener el mutismo frente a los casos de corrupción, como vienen haciendo en los últimos años.
El juicio sobre los gastos en cocaína, copas y demás 'caprichos', llega en un momento complicado para el candidato socialista a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, que chocará de lleno con la herencia de sus antecesores a escasas semanas de que se celebren las elecciones autonómicas.
Si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, consigue mantener sus previsiones y convocar comicios para noviembre como es su deseo, se le presenta a Espadas un panorama para su campaña electoral lamentable y difícil de defender en el mes de septiembre, donde se sabrá cómo y dónde se gastaban el dinero de los parados andaluces.
Pero igual sus posibilidades de mejorar los resultados de su antecesora Susana Díaz se caen por el suelo antes de este momento, pues los días 4 y 5 de mayo, el Tribunal Supremo revisará los recursos a la sentencia que condenó a los dos expresidentes andaluces, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Un año negro para el PSOE-A y su candidato, que tendrá que tapar los capítulos más oscuros de los gobiernos socialistas en la Junta, con la complicidad de su líder nacional Pedro Sánchez, que ha acompañado en varias ocasiones a Espadas en actos en el sur pero sin mencionar ni pedir disculpas por el expolio cometido.
El dinero público para pagar fincas y cocaína
La Fiscalía relata en su escrito de acusación que Guerrero y Trujillo, a fin de "poder disponer para ellos de parte de los fondos públicos" que tenía a su disposición la Dirección de Trabajo "idearon inicialmente la constitución" de sociedades mercantiles "para que recibieran cantidades para financiar falsos proyectos de inversión".
Estas sociedades eran Lógica Estratégica Empresarial e Iniciativas Turísticas Sierra Morena, a las que concedieron, sin solicitud ni trámite alguno, una subvención a cada una de ellas de 450.000 euros. También "de común acuerdo y con ánimo de ilícito enriquecimiento, decidieron" que Isidoro Ruz Espigares presentara como promotor ante la Dirección de Trabajo un proyecto, "sin fecha", para el emplazamiento de una granja avícola, "en el cual, como financiación de la inversión, se disponía de una subvención de 450.000 euros".
El exdirector general de Trabajo de la Junta ya fallecido, Francisco Javier Guerrero, en una imagen tras su condena en el caso ERE en 2019.
Unas ayudas que Guerrero justificaba a través de convenios, mientras que la Fiscalía añade que Trujillo, como persona autorizada en las cuentas bancarias de las tres sociedades, "dispuso" del total de 1.350.000 euros transferidos por la agencia pública IDEA "como si de una caja única se tratara, no ejecutando ninguno de los proyectos de inversión ni contratando el personal que se recogía en las memorias o proyectos que se aportaron para de forma engañosa justificar la concesión de las ayudas".
El dinero que consiguieron sirvió según el Fiscal, para financiar "compras de inmuebles y fincas rústicas, bien para su uso bien con fines especulativos", y destaca que Trujillo entregó a su esposa 24.000 euros para que adquiriera una finca.
Por otro lado y con los fondos transferidos a estas tres empresas por IDEA, Guerrero recibió multitud de 'regalos' todo ello "sin que se haya podido cuantificar su importe pero constituyendo éste un porcentaje importante de éstos fondos".
Recibió entregas de efectivo, antigüedades, un equipo de navegación para su vehículo oficial, invitaciones en restaurantes y locales de copas y entregas de cocaína por parte de su chófer.
La falta de escrúpulos de los inculpados llega a tal punto que en el escrito de acusación aparece la maniobra de Guerrero y Trujillo para seguir obteniendo dinero para sus gastos. En abril de 2007, contactaron con Antonio Albarracín para que, figurando como tomadora la Dirección de Trabajo, se preparara una póliza de seguros en la cual debía de figurar como persona asegurada y beneficiaria de la misma Estrella Blanco, madre de Trujillo.
Así, Trujillo "imitó" la firma de su madre, que recibió en su cuenta bancaria 120.028 euros y que, "ajena a todo lo expuesto, hacía reintegros de estas cantidades entregándoselas a su hijo, el cual las empleaba para seguir atendiendo gastos propios y las entregas en efectivo, invitaciones y compra de cocaína" para Guerrero.
